El documento, que ya ha sido firmado por las corporaciones de Lanzarote y La Palma, garantiza una respuesta coordinada, entre otros casos, para las personas que ocupan plazas en hospitales a pesar de tener el alta médica
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha impulsado la elaboración del protocolo de urgencias sociosanitarias conjuntamente con los Cabildos insulares y el Servicio Canario de la Salud para garantizar una respuesta coordinada, homogénea y con seguridad jurídica en todo el Archipiélago.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó hoy (martes 23) durante el Pleno del Parlamento de Canarias que el protocolo “ha sido fruto de un intenso trabajo técnico, documentado y participado. Nuestro objetivo es culminar la firma con el conjunto de los Cabildos insulares y disponer de un protocolo común para toda Canarias que garantice la igualdad de criterios, refuerce la seguridad jurídica y permita ofrecer una respuesta coordinada y eficaz ante las situaciones de urgencia sociosanitaria que afecten a personas en situación de dependencia”. Entre otros casos, pretende resolver la situación de personas dependientes que se mantienen en los hospitales a pesar de contar con alta médica.
En este sentido, la titular de Bienestar Social destacó en el Pleno que “los avances se están produciendo en tres planos: en el plano administrativo, agilizando el reconocimiento de la dependencia; en el plano sociosanitario, creando un circuito de coordinación entre hospitales, dependencia y cabildos; y en el plano jurídico y de protección, solicitando la colaboración de Fiscalía para los casos en los que exista abandono, ausencia de apoyo familiar efectivo o necesidad de proteger los recursos de la propia persona”.
Delgado recordó que el nuevo protocolo de urgencias sociosanitarias no supone la creación de nuevas competencias ni la imposición de nuevas obligaciones a los Cabildos, sino el desarrollo de una previsión ya recogida en el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia.
“Dicho convenio, firmado por todas las partes, establece expresamente entre las obligaciones de los Cabildos la atención de las urgencias sociosanitarias derivadas desde la Dirección General de Dependencia, conforme al protocolo específico que debía incorporarse como documento adjunto al propio acuerdo”, explicó la consejera.
El marco normativo vigente atribuye a la Comunidad Autónoma la ordenación, planificación y coordinación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la elaboración y aprobación de los Programas Individuales de Atención (PIA). En este sentido, la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias y el Decreto 46/2025 establecen que corresponde a la Dirección General de Dependencia la tramitación, valoración y coordinación de los procedimientos vinculados al sistema de dependencia.
Por ello, el protocolo determina que la derivación de los casos de urgencia sociosanitaria vinculados a recursos del sistema de dependencia se realice desde la Dirección General de Dependencia, garantizando así la correcta integración de cada caso dentro del procedimiento legalmente establecido.
Candelaria Delgado señaló que este mecanismo no altera las competencias propias de los Cabildos, que continúan siendo responsables de la organización y gestión de los servicios especializados, así como de la asignación material de las plazas y recursos disponibles en cada isla. El procedimiento establece que la Dirección General de Dependencia verifica el encaje del caso dentro del sistema de dependencia y efectúa la derivación, mientras que el Cabildo correspondiente asigna el recurso más adecuado disponible.
Este modelo de coordinación ya se aplica de manera ordinaria en la gestión de las listas de espera para el acceso a plazas sociosanitarias, mediante la remisión periódica de personas por parte de la Dirección General de Dependencia a los Cabildos insulares.
El protocolo cuenta ya con un texto final consensuado y revisado. Actualmente ha sido firmado por los cabildos de La Palma y Lanzarote, mientras que el Cabildo de La Gomera tiene prevista su elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Amplio proceso de trabajo técnico
La negociación y elaboración del protocolo ha incluido diversas reuniones técnicas celebradas durante los últimos meses. El asunto fue abordado inicialmente en la Comisión de Seguimiento celebrada el 3 de febrero de 2026, continuando posteriormente en reuniones técnicas desarrolladas en Lanzarote el 19 de febrero y en Gran Canaria el 5 de marzo.
Durante estos encuentros se analizaron las distintas realidades insulares, las dificultades derivadas de la disponibilidad de plazas, la situación de las personas con alta médica que permanecen en camas hospitalarias, la necesidad de evitar listas paralelas de acceso a recursos, la conveniencia de establecer criterios homogéneos para todo el territorio y la importancia de garantizar la máxima seguridad jurídica en la gestión de estos procedimientos.
Los cabildos realizaron diferentes aportaciones relacionadas con el circuito de derivación, los mecanismos de valoración de la urgencia, la documentación requerida, el funcionamiento de las comisiones de seguimiento y la gestión de situaciones de extrema urgencia.
Todas las propuestas fueron estudiadas y aquellas compatibles con el marco competencial vigente y con el contenido del convenio fueron incorporadas al texto final. Entre las mejoras introducidas figura la posibilidad de que, de manera excepcional, los cabildos puedan asignar de forma inmediata un recurso disponible cuando exista una situación de extrema urgencia que requiera un ingreso inmediato, comunicándolo posteriormente a la Dirección General de Dependencia para la formalización del correspondiente expediente.
