El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), que agrupa a más de 100 organizaciones del Tercer Sector, ha elaborado un análisis sobre la gestión del reto migratorio tras su visita a Canarias
La entidad reclama mayor cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para garantizar una actuación “coherente” en los casos de los menores solicitantes de asilo
El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) advierte de que garantizar las garantías procesales de los migrantes -especialmente de los menores y vulnerables- no son menoscabadas por los procedimientos acelerados y fronterizos contemplados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo será un “desafío monumental”.
Así lo recoge el informe elaborado por esta entidad -que agrupa a más de un centenar de organizaciones europeas que trabajan con migrantes- después de una visita realizada a Canarias el pasado mes de enero. En esta ocasión, los representantes del ECRE se reunieron con el Gobierno de Canarias que expusieron la situación en la que se encuentran los menores -muchos de ellos refugiados- y las dificultades de la comunidad para afrontar su acogida con todas las garantías: desde centros saturados, poca solidaridad del resto de autonomías o la necesidad de contar con un mayor apoyo para hacer frente al interés superior del menor, especialmente en un territorio fragmentado y ultraperiférico.
El ECRE apunta que, si bien el pacto europeo ofrece algunas oportunidades en términos de acceso más rápido a los procedimientos de asilo, evaluación de vulnerabilidad y atención a solicitantes con necesidades especiales (en particular a los menores), “también plantea importantes preocupaciones relacionadas con la capacidad del sistema, especialmente en lo que respecta a la realización de procedimientos fronterizos y a la infraestructura de acogida necesaria en regiones fronterizas como Canarias”.
Esta consideración coincide con las preocupaciones ya expresadas por el Gobierno de Canarias al respecto. El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha insistido en que el Pacto Europeo de Migración y Asilo de la UE precisa de más solidaridad, mayor financiación, protección real a los menores y contemplar la dimensión atlántica de la migración. Pero sobre todo, dice, requiere dar voz a las regiones frontera en las políticas migratorias. De otra manera, este acuerdo está abocado al fracaso”.
Reiteró Octavio Caraballo que Canarias, como frontera al sur de Europa, debe ser incluida en la política migratoria europea. A su juicio, “quienes gestionamos el reto migratorio en primera línea debemos participar de las decisiones”.
Sin embargo, destaca que “en los tres meses que lleva en vigor este acuerdo, ha quedado patente -como hemos vista en el caso de Ceuta-, que no es la respuesta más adecuada para afrontar las crisis migratorias de una forma global”.
Desafíos estructurales
En líneas generales, el documento elaborado por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados reconoce que el sistema de acogida y asilo en España cuenta con una arquitectura institucional bastante desarrollada y una inversión financiera sostenida, además de importantes esfuerzos para ampliar la capacidad de acogida y reforzar las garantías procedimentales. Sin embargo, entiende que aún existen “desafíos estructurales” que afectan tanto al procedimiento de asilo como al funcionamiento de los sistemas de acogida y protección de menores.
En este sentido, considera que los traslados de migrantes desde Canarias a la península deberían continuar con la mayor agilidad posible para asegurar que la presión sobre los sistemas de acogida no se concentre de manera desproporcionada en las zonas fronterizas y que las personas “no permanezcan durante largos periodos en situaciones de incertidumbre o limbo administrativo”.
Se trata de una de las principales preocupaciones expresadas por el Gobierno de Canarias tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, puesto que la implementación de este acuerdo aún tiene muchas incógnitas. Una de ellas es que el Reglamento de Triaje permite que los migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, cuando hasta la entrada en vigor del pacto rondaba un mes.
Esta circunstancia, según el Ejecutivo autonómico, dificulta la gestión de la migración en un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias, que ya sufre una alta presión migratoria. “No podemos convertir al archipiélago en un territorio de espera e incertidumbre para quienes llegan huyendo de una situación difícil”, dice Octavio Caraballo.
Además, el ECRE también ha detectado un acceso tardío a la información sobre el procedimiento de asilo y “persistentes” cuellos de botella en la presentación de solicitudes de asilo que “amenazan con socavar el acceso oportuno y eficaz a la protección internacional”. Igualmente, destaca las dificultades en relación con la calidad y disponibilidad de los servicios de interpretación, la calidad de las entrevistas de asilo y la escasez de mecanismos sistemáticos de control de calidad.
En cuanto al sistema de acogida, el Consejo hace hincapié en que la situación de los menores no acompañados sigue siendo uno de los ámbitos más críticos. A pesar de los importantes esfuerzos de las autoridades, dice el informe, el sistema continúa caracterizado por las medidas de emergencia, condiciones de acogida desiguales y retos significativos para garantizar los traslados oportunos, una dotación de personal adecuada y estándares consistentes de protección infantil.
Una de las recomendaciones recogidas en el informe de esta entidad es que las autoridades españolas deben garantizar que todas las personas que lleguen por vía marítima reciban información sobre su derecho a solicitar protección internacional desde las primeras fases de su llegada y establecer un mecanismo formal para registrar las manifestaciones de intención de solicitar asilo en los CATES o centros de cribado.
