Eduardo Sobreviela |
Madrid (EFE).- Superado el primer trimestre de 2025, el país sigue sin nuevos presupuestos generales del Estado y tampoco han logrado aprobar cuentas para este ejercicio siete comunidades, una gobernada por los socialistas -Cataluña- y seis por el PP: Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Esta última tiene no obstante cerrado ya un acuerdo con Vox para tramitar el proyecto.
Aprobar unas cuentas anuales solo ha sido posible hasta ahora para los gobiernos con mayoría absoluta, que son los ejecutivos populares de Andalucía, Galicia, Madrid y La Rioja y el socialista de Castilla-La Mancha; y para los de coalición con sólidos apoyos parlamentarios, como los presididos o participados por el PP en Cantabria y Canarias y por el PSOE en Asturias, Navarra y País Vasco.
Por el contrario, el Govern en minoría de Salvador Illa y los ejecutivos del PP que Vox apoyó hasta que la posición de unos y otros en política migratoria dinamitó los acuerdos poselectorales carecen de la mayoría suficiente para sacar adelante unos presupuestos nuevos y trabajan con las cuentas de 2024 prorrogadas.
Sin acuerdo en Cataluña
En Cataluña, el Govern de Salvador Illa ha renunciado a presentar sus primeros presupuestos.
El proceso congresual de ERC, que se alargó hasta mediados de marzo, llevó al líder de los republicanos, Oriol Junqueras, a descartar un aval a nuevas cuentas, e Illa tratará en los próximos meses de recabar el apoyo de Esquerra y Comuns para poder aprobar, al menos, un suplemento de crédito.
El caso de la Comunidad Valenciana
Mientras, solo tres días después de anunciar su acuerdo con Vox, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón aprobó el pasado 20 de marzo el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2025, que asciende a 32.291 millones de euros, un 8,6 % más que las cuentas prorrogadas de 2024, e incluye 2.364 millones para la reconstrucción tras la dana.
Los presupuestos valencianos se iban a aprobar el pasado 31 de octubre, pero precisamente la tragedia de la dana, ocurrida dos días antes, llevó a posponer su presentación y a prorrogar las cuentas de 2024.

Unos pactos difíciles
En otras cinco comunidades ese acuerdo se resiste. En Aragón, el Gobierno de Jorge Azcón no desiste en la idea de aprobar un nuevo presupuesto con apoyo de Vox, pero su consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez, advertía hace poco de que las nuevas cuentas «están todavía verdes, verdes como los campos después de las lluvias de las últimas semanas».
En Baleares, donde la presidenta, Marga Prohens, minimizaba en diciembre pasado el impacto de una posible prórroga presupuestaria, el vicepresidente, Antoni Costa, aseguró recientemente que la voluntad es aprobar un nuevo proyecto con Vox, con quien ha retomado la relación y ha pactado un decreto para «contener» la oferta turística.
En Castilla y León, que trabaja también con los presupuestos prorrogados de 2024, aprobados con retraso justo antes de salir Vox del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, existen negociaciones genéricas y no se vislumbra un próximo acuerdo.
Una idea de lo complicado de la situación es lo sucedido en Extremadura, donde la Junta presidida por María Guardiola retiró en enero su proyecto de presupuestos de 2025 ante la falta de apoyos. Había pactado numerosas enmiendas con el PSOE, pero este partido no aceptó retirar el resto de sus propuestas y existía el riesgo de que acabaran incorporadas a la ley con el voto de Vox.

Situación difícil en Murcia
Tampoco está siendo fácil en Murcia, donde el PSOE propuso en febrero un acuerdo que no convenció al Gobierno de Fernando López Miras y Vox ha condicionado su apoyo a sacar de las aulas el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí, algo que el ejecutivo regional afirma que no está entre sus competencias.
En el proceso de acercamiento, los populares murcianos votaron hace unos días a favor de una moción de condena el Pacto Verde Europeo.
Las ventajas de la estabilidad
Muy al contrario, en Andalucía, Galicia, Madrid y La Rioja los presupuestos se aprobaron en diciembre con los únicos votos a favor de las mayorías absolutas del PP, igual que ocurrió en Castilla-La Mancha pero con los votos solo del PSOE.
En el resto de comunidades ha sido la estabilidad de los apoyos parlamentarios a los gobiernos la que ha permitido disponer de unos nuevos presupuestos.
En Asturias, el parlamento del Principado dio el visto bueno definitivo a finales de diciembre a los presupuestos del Ejecutivo de Adrián Barbón con los votos del PSOE y de IU y también de la única diputada del grupo mixto.
En Canarias, las segundas cuentas del gobierno de Fernando Clavijo fueron aprobadas sin fisuras por Coalición Canaria, PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.
Igual que en Cantabria, donde el ejecutivo de la popular María José Sáenz de Buruaga no depende de Vox y contó con el respaldo de los parlamentarios autonómicos del PRC.

Navarra y País Vasco
En Navarra los cambios de gobierno no han impedido que la comunidad cuente con los décimos presupuestos aprobados consecutivamente, unas cuentas que salieron adelante con la abstención de EH Bildu.
Y en País Vasco, también en diciembre se aprobaron nuevos presupuestos con los votos de los dos partidos de la coalición de gobierno, PNV y PSE-EE, tras una fallida negociación con EH Bildu.