La Justicia ha absuelto a la presidenta de una federación de asociaciones africanas con sede en la capital grancanaria del delito de injurias graves a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se le imputaba en referencia a sus manifestaciones tras la muerte de un inmigrante. Afirmó en público que había sido “asesinado” por cinco agentes de la Policía Nacional.
La mujer fue juzgada el pasado 17 de septiembre ante la Plaza numero 6 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de las palabras que pronunció en una asamblea celebrada tras la muerte de un joven durante una intervención de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria el 17 de mayo de 2025.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaban para ella una pena de quince meses de multa con una cuota diaria de nueve euros, en aplicación del artículo 504.2 del Código Penal.
La sentencia, notificada hoy, 10 de noviembre, declara probado que entre el 17 y el 18 de mayo de 2025, en la sede de la federación y ante al menos quince personas, la acusada había afirmado que el joven «fue asesinado, eso se nos tiene que meter en la cabeza», que debía colocarse un cartel que así lo dijera y que había que reclamar que quien lo hizo pagará por ello, porque «fueron cinco, los cinco que paguen».
La propia acusada reconoció en el juicio, celebrado el pasado 17 de septiembre, haber pronunciado esas frases, que además quedaron recogidas en el vídeo de la reunión reproducido en la vista.
Explicó que no pretendía menoscabar a la Policía Nacional, sino que habló movida por el dolor que le causó la muerte de un chico al que conocía desde hacía más de dos años, que jugaba al fútbol en la federación y que algunos fines de semana comía en su casa.
Declaró también, dice la sentencia, que habló sin saber lo que había ocurrido exactamente, que no había visto las imágenes de lo sucedido en el aeropuerto y que, poco antes de la reunión, le habían contado que al joven lo habían matado a balazos y que habían sido cinco policías.
Según su versión, con la palabra “asesinado” quería decir que lo habían dejado sin vida; se refería solo a los agentes que intervinieron, y su único propósito era que se aclarase lo sucedido y se hiciera justicia, sin animar a nadie a salir a la calle, sin convocar a la prensa y sin emitir comunicados.
Un representante de la Confederación Española de Policía declaró como testigo que, tras difundirse el vídeo, sus compañeros le trasladaron su malestar por entender que aquellas palabras dañaban la imagen y la dignidad de la Policía Nacional y de los agentes que actuaron aquel día.
Expresión grave
La magistrada no resta gravedad a la expresión empleada. Rechaza el intento de la acusada de quitarle carga ofensiva y subraya que, en el lenguaje común, decir que alguien fue asesinado «implica que lo mataron con alevosía, con ensañamiento, e incluso que lo mataron sin motivo», de modo que se atribuye a la Policía haber causado la muerte de una persona «abusando o excediéndose de su cargo, atribuyéndole un delito grave».
Recuerda además, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional, que la libertad de expresión ampara la crítica a la actuación policial aunque sea «desabrida», pero que no protege el insulto, porque la Constitución «no reconoce un pretendido derecho al insulto».
Sin embargo, la sentencia concluye que la conducta no encaja en el delito por el que se acusaba. El artículo 504.2 del Código Penal protege el prestigio de las instituciones y no el honor personal de quienes las integran, y la magistrada entiende que las frases no fueron dirigidas «a ofender o injuriar a la policía nacional en su conjunto, como institución», sino a los cinco agentes que intervinieron, tanto por lo que la acusada explicó en el juicio como por el propio contenido de sus palabras, que señalaban expresamente a «los cinco».
Se trataría, por tanto, de una expresión que afecta al honor de esos agentes concretos, a los que se imputa la muerte de una persona, y no al prestigio de la Policía Nacional.
A ello añade la ausencia de intención de injuriar. La magistrada valora que las palabras se pronunciaron en una única ocasión, en una reunión de acceso restringido y ante un público no numeroso, sin que conste que se repitieran en otros momentos, y que surgieron como reacción a la pérdida de una persona con la que la acusada tenía trato.
Aunque considera exagerado que la acusada dijera que el joven era como un hijo para ella, admite que la noticia pudo afectarle profundamente, y que se expresó así «no con el ánimo de injuriar a la policía sino por el dolor o sufrimiento que le causó el deceso».
Pesa también la inmediatez de la reunión respecto de la intervención policial, que impedía disponer de información veraz, y el hecho de que le hubieran contado poco antes que el joven había muerto a balazos, circunstancias que, afirma, «contribuye a excluir el animus injuriandi«.
La absolución no impide a la magistrada dedicar un severo reproche a la actitud de la acusada. La sentencia afirma que lo ocurrido «evidencia la falta de celo, de rigor de la encausada», que como presidenta de una federación con evidente influencia sobre sus miembros debió ser más prudente, asumir su responsabilidad por la repercusión de sus palabras y no dejarse llevar por un impulso al hablar de un cuerpo policial cuya función es velar por los derechos de todos los ciudadanos.
A juicio de la magistrada, sin la información debida y sin haber visto los vídeos, la acusada realizó ante los asistentes «manifestaciones hirientes, ofensivas», ofreciendo una versión de lo sucedido sin datos que la sostuvieran y generando una desconfianza «gratuita» hacia la Policía y un desprecio hacia la actividad policial.
En cuanto a la difusión del vídeo en las redes sociales, a la que aludía la acusación particular, la sentencia señala que solo ha quedado probado que la asamblea se celebró con acceso restringido a los miembros de la federación, y que no se ha acreditado que la acusada ordenara su difusión ni que ella misma lo difundiera.
La Justicia ha absuelto a la presidenta de una federación de asociaciones africanas con sede en la capital grancanaria del delito de injurias graves a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se le imputaba en referencia a sus manifestaciones tras la muerte de un inmigrante. Afirmó en público que había sido “asesinado” por cinco agentes de la Policía Nacional.
La mujer fue juzgada el pasado 17 de septiembre ante la Plaza numero 6 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de las palabras que pronunció en una asamblea celebrada tras la muerte de un joven durante una intervención de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria el 17 de mayo de 2025.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaban para ella una pena de quince meses de multa con una cuota diaria de nueve euros, en aplicación del artículo 504.2 del Código Penal.
La sentencia, notificada hoy, 10 de noviembre, declara probado que entre el 17 y el 18 de mayo de 2025, en la sede de la federación y ante al menos quince personas, la acusada había afirmado que el joven «fue asesinado, eso se nos tiene que meter en la cabeza», que debía colocarse un cartel que así lo dijera y que había que reclamar que quien lo hizo pagará por ello, porque «fueron cinco, los cinco que paguen».
La propia acusada reconoció en el juicio, celebrado el pasado 17 de septiembre, haber pronunciado esas frases, que además quedaron recogidas en el vídeo de la reunión reproducido en la vista.
Explicó que no pretendía menoscabar a la Policía Nacional, sino que habló movida por el dolor que le causó la muerte de un chico al que conocía desde hacía más de dos años, que jugaba al fútbol en la federación y que algunos fines de semana comía en su casa.
Declaró también, dice la sentencia, que habló sin saber lo que había ocurrido exactamente, que no había visto las imágenes de lo sucedido en el aeropuerto y que, poco antes de la reunión, le habían contado que al joven lo habían matado a balazos y que habían sido cinco policías.
Según su versión, con la palabra “asesinado” quería decir que lo habían dejado sin vida; se refería solo a los agentes que intervinieron, y su único propósito era que se aclarase lo sucedido y se hiciera justicia, sin animar a nadie a salir a la calle, sin convocar a la prensa y sin emitir comunicados.
Un representante de la Confederación Española de Policía declaró como testigo que, tras difundirse el vídeo, sus compañeros le trasladaron su malestar por entender que aquellas palabras dañaban la imagen y la dignidad de la Policía Nacional y de los agentes que actuaron aquel día.
Expresión grave
La magistrada no resta gravedad a la expresión empleada. Rechaza el intento de la acusada de quitarle carga ofensiva y subraya que, en el lenguaje común, decir que alguien fue asesinado «implica que lo mataron con alevosía, con ensañamiento, e incluso que lo mataron sin motivo», de modo que se atribuye a la Policía haber causado la muerte de una persona «abusando o excediéndose de su cargo, atribuyéndole un delito grave».
Recuerda además, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional, que la libertad de expresión ampara la crítica a la actuación policial aunque sea «desabrida», pero que no protege el insulto, porque la Constitución «no reconoce un pretendido derecho al insulto».
Sin embargo, la sentencia concluye que la conducta no encaja en el delito por el que se acusaba. El artículo 504.2 del Código Penal protege el prestigio de las instituciones y no el honor personal de quienes las integran, y la magistrada entiende que las frases no fueron dirigidas «a ofender o injuriar a la policía nacional en su conjunto, como institución», sino a los cinco agentes que intervinieron, tanto por lo que la acusada explicó en el juicio como por el propio contenido de sus palabras, que señalaban expresamente a «los cinco».
Se trataría, por tanto, de una expresión que afecta al honor de esos agentes concretos, a los que se imputa la muerte de una persona, y no al prestigio de la Policía Nacional.
A ello añade la ausencia de intención de injuriar. La magistrada valora que las palabras se pronunciaron en una única ocasión, en una reunión de acceso restringido y ante un público no numeroso, sin que conste que se repitieran en otros momentos, y que surgieron como reacción a la pérdida de una persona con la que la acusada tenía trato.
Aunque considera exagerado que la acusada dijera que el joven era como un hijo para ella, admite que la noticia pudo afectarle profundamente, y que se expresó así «no con el ánimo de injuriar a la policía sino por el dolor o sufrimiento que le causó el deceso».
Pesa también la inmediatez de la reunión respecto de la intervención policial, que impedía disponer de información veraz, y el hecho de que le hubieran contado poco antes que el joven había muerto a balazos, circunstancias que, afirma, «contribuye a excluir el animus injuriandi«.
La absolución no impide a la magistrada dedicar un severo reproche a la actitud de la acusada. La sentencia afirma que lo ocurrido «evidencia la falta de celo, de rigor de la encausada», que como presidenta de una federación con evidente influencia sobre sus miembros debió ser más prudente, asumir su responsabilidad por la repercusión de sus palabras y no dejarse llevar por un impulso al hablar de un cuerpo policial cuya función es velar por los derechos de todos los ciudadanos.
A juicio de la magistrada, sin la información debida y sin haber visto los vídeos, la acusada realizó ante los asistentes «manifestaciones hirientes, ofensivas», ofreciendo una versión de lo sucedido sin datos que la sostuvieran y generando una desconfianza «gratuita» hacia la Policía y un desprecio hacia la actividad policial.
En cuanto a la difusión del vídeo en las redes sociales, a la que aludía la acusación particular, la sentencia señala que solo ha quedado probado que la asamblea se celebró con acceso restringido a los miembros de la federación, y que no se ha acreditado que la acusada ordenara su difusión ni que ella misma lo difundiera.