Los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias han convalidado en el pleno del Parlamento regional el decreto sobre residencialización de viviendas turísticas, que permite suspender temporalmente los procedimientos sancionadores pero que según el PSOE, principal partido de la oposición, «nace muerto», porque defiende a los poderes económicos frente a los afectados.
La iniciativa ha sido defendida ante el pleno por la consejera de Turismo, Jessica De León, quien ha explicado que con este decreto los propietarios de apartamentos en suelo turístico que tienen un procedimiento sancionador por utilizarlos como residencia pueden pedir la suspensión del expediente por hasta tres años, mientras el ayuntamiento decide un posible cambio en el uso del suelo.
De León ha señalado que la especialización de suelos y la unidad de explotación han sido una de las bases del turismo, pero en los últimos años se ha roto esa unidad de explotación y ha habido una residencialización de espacios, ante lo cual la administración tiene que abrir expedientes de sanción si hay denuncias, porque lo contrario sería prevaricar.
Mientras no se cambie la ley, este decreto permite suspender los procedimientos sancionadores a petición de los afectados, con carácter temporal desde seis meses a tres años, periodo para que el ayuntamiento tramite un cambio de uso de turístico a residencial en caso de que lo pidan los propietarios.
La consejera ha agregado que no se deroga la ley porque hay miles de propietarios que sí están cumpliendo la normativa que obliga al uso turístico de sus apartamentos bajo el principio de unidad de explotación.
El diputado del PSOE Gustavo Santana ha cuestionado que el Gobierno actúe no para proteger «a los más débiles» que usan sus propiedades como residencia, sino «a ciertos sectores económicos que utilizan su influencia y su fuerza para someter a las personas afectadas por esta situación».
Los afectados se sienten maltratados y han manifestado que no van a cumplir el decreto, por lo que «nace muerto», ya que obliga a los afectados a reconocer «situaciones que no pueden reconocer», mediante «la política del palo y la zanahoria», y a dejarlos en la indefensión, según Santana.
Esther González, de Nueva Canarias, abundó en la idea de que el Gobierno de Canarias ejerce de hecho como «mayordomo» de los poderes fácticos mientras plantea «una fórmula perversa, restrictiva y lesiva» que expulsa de sus casas a los propietarios residentes, de modo que habrá canarios que «no podrán vivir» en ciertas áreas, reservadas para «las personas que vengan de fuera».
El decreto obliga a los residentes a pasar por un «trámite diabólico», que consiste en declararse ilegales. Es como si alguien tiene un coche y para poder usarlo se lo tiene que ceder a un ‘rent a car’, dijo como ejemplo.
La diputada de Vox Paula Jover mostró también el rechazo al decreto, porque vulnera el derecho de propiedad, se coacciona a los propietarios residentes para que abandonen sus casas y no se suspenden de hecho las sanciones.
Por el contrario, José Miguel Barragán, de CC, aseguró que el objetivo es resolver un problema, que hay 16.000 personas que residen en complejos turísticos, y por eso se habilita un sistema para que los interesados soliciten al ayuntamiento el cambio de calificación de sus propiedades, de turística a residencial, y mientras se sustancia ese trámite se suspenden las sanciones.
David Morales, del PP, lamentó que se intente desvirtuar este decreto, que atiende la realidad social de la residencialización, respeta la autonomía municipal, suspende temporalmente los expedientes sancionadores e impide una eventual expropiación si la vivienda no se emplea para uso turístico.