La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución de las ayudas destinadas a la renovación de la flota pesquera por la que se conceden 305.628,20 euros con cargo los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2025.
Por medio de esta línea de actuación se impulsará la construcción de nueve buques pesqueros con puerto base en Canarias y menos de 12 metros de eslora, lo que movilizará una inversión total de 412.527 euros en el sector pesquero asociada a estos fondos . En este sentido, tal y como recogía la orden de convocatoria de esta línea de apoyo, se establece un importe límite de 40.000 euros, con una intensidad máxima del 85% de los costes subvencionables totales.
Según el titular del departamento, Narvay Quintero “esta medida se destina a la construcción y modernización de las embarcaciones con el objetivo de que la flota pesquera de nuestras islas, actualmente muy envejecida, sea más eficiente y sostenible”. “A través de este respaldo promovemos inversiones que mejoren la rentabilidad de la actividad pesquera, al tiempo que contribuimos al cumplimiento de la normativa de seguridad laboral y marítima”, añadió.
Mediante la aceptación de los fondos concedidos, los beneficiarios asumen los requisitos, las condiciones y las obligaciones establecidas en las bases que regulan la convocatoria, como las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
Además, según establece el anuncio de concesión de esta línea, disponible en https://sede.gobiernodecanarias.org/…/92847976-4abe… la realización de la actividad o adopción de la conducta subvencionada no podrá superar el 1 de diciembre de 2025, con un plazo de justificación hasta el 15 de diciembre de 2025.
Asimismo, la resolución contempla la posibilidad de acudir al abono anticipado del importe de la ayuda cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y a petición de la persona beneficiaria que acredite ante el órgano concedente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega de los fondos públicos.
