Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Ejecutivo canario ha exigido este miércoles al Gobierno de España que aplique el decreto ley para el reparto de los menores migrantes, en vigor desde el 18 de marzo, y que obligue a las demás comunidades autónomas a su cumplimiento, así como que el Estado asuma a los 1.200 menores solicitantes de asilo político.
En el Consejo de Gobierno de este miércoles se ha autorizado a los servicios jurídicos para que respalden al Estado en la defensa de la aplicación de ese decreto, ante los recursos presentados por las comunidades de Madrid y de Aragón, que en ningún caso son suspensivos, o ante la negativa de esta última comunidad a facilitar información, como exige la ley.
Esta personación obedece a que la Comunidad Autónoma de Canarias se siente perjudicada por las actuaciones contra el decreto, porque afectan a sus competencias, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.
Ha insistido en que el archipiélago está en situación «desesperada y excepcional» al tener que hacerse cargo en solitario de 5.600 menores.
«La ley esta para cumplirla y quien tiene la obligación de hacerla cumplir es el Gobierno del Estado», el ejecutivo central «puede hacer más», ha asegurado el portavoz.
Cabello ha subrayado que el decreto contiene unos criterios para la distribución automática de los menores y «no es razonable» que si una comunidad autónoma incumple sus obligaciones legales sea Canarias la afectada.
Los criterios de distribución están en la ley, «hay que aplicar esos criterios» y el que «tiene que obligar y hacer cumplir la ley es el Gobierno del Estado», ha enfatizado.
También ha recordado que el Gobierno de España, por mandato del Tribunal Supremo, está obligado a asumir a los 1.200 menores solicitantes de asilo y no hace, un asunto que es independiente de la distribución del resto de menores entre las comunidades autónomas.
«Se les llena la boca a la hora de hablar de solidaridad, pero parece que todos evitan dar la cara y cumplir con Canarias», ha dicho
Cabello en referencia a las comunidades autónomas pero también al Estado, por no asumir a los menores migrantes solicitantes de asilo, como ha establecido el Supremo.
«Demandamos, exigimos, suplicamos ayuda para descongestionar la situación», ha abundado Alfonso Cabello.
Ha enmarcado en esta situación «desesperada y excepcional» que vive Canarias problemas como el del centro de menores de Santa Brígida, en Gran Canaria, clausurado por orden judicial por numerosas denuncias sobre el trato a los menores por parte de empleados de la ONG que lo gestiona.
El portavoz ha explicado que los centros de menores migrantes «no están como nos gustaría, estamos al doscientos por cien», hay 5.600 menores en 86 centros, se recomienda de 15 a 20 menores en cada uno y en algunos hay 350 o 450, ha denunciado.
Alfonso Cabello se ha dirigido al resto de comunidades autónomas para que tengan «altura de miras y solidaridad» en la respuesta al «drama migratorio que está viviendo Canarias», porque en realidad es una cuestión del conjunto del Estado español y de la Unión Europea.
En cuanto a la personación judicial en defensa del decreto, la ha justificado porque la Comunidad Autónoma de Canarias se considera afectada y por tanto tiene derecho a defender su constitucionalidad.
«Se trata de una excepción al régimen general de no intervención de terceros en los procesos constitucionales» porque los recursos de Madrid y Aragón afectan a las competencias específicas Canarias, ha explicado. EFE
