La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, aclaró que esta partida supone 1,2 millones de euros más procedentes del 0,7% recaudado en 2023
Canarias contará con más de 19,4 millones de euros para la financiación de programas de interés general con cargo al IRPF para el año 2024, lo que supone un incremento de 1.214.360,48 euros en relación a la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2024, en la que se contó con una partida de 18.268.134,72 euros.
Según se acordó en la reunión ordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada hoy, el Archipiélago contará en 2025 con una partida para financiar programas sociales con cargo al IRPF del año 2023, que asciende a 19.482.495,20 euros, lo que supone un aumento del 6,65% con respecto a la convocatoria de 2024 y un 25,2% más que en el año 2023, cuando se recibió un total de 15.557.106,97 euros (3.925.388,23 euros menos).
“El aumento de las partidas para financiar proyectos sociales con cargo al IRPF en nuestra comunidad nos permitirá atender a un mayor número de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social a través de los programas de interés social desarrollados por las entidades del Tercer Sector, dirigidos a cubrir las necesidades específicas de las personas en situación de pobreza y exclusión social en nuestra tierra”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado. “No obstante, tengamos en cuenta que esta propuesta es una distribución de este 0,7% pero aún queda la aprobación en Consejo de Ministros y vuelta al Consejo Territorial para su aprobación definitiva”, aclaró la consejera.
Las ayudas con cargo al IRPF se ejecutan en colaboración con las entidades del tercer sector con el fin de desarrollar diferentes actuaciones que tienen como fin promover la inclusión social; mejorar la calidad de vida de las personas mayores; atender a las personas migrantes y al pueblo gitano; promover de la participación y el voluntariado y de la autonomía personal y atención a la dependencia; apoyar a la inclusión social de las personas con discapacidad, además, de otras líneas de ayudas como las dirigidas a la infancia y familia, juventud, diversidad y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.
22,9 millones de euros para el nivel acordado en dependencia
En este Consejo se abordó también el acuerdo marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2025 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.
Para la financiación del nivel de protección acordado, en el ejercicio presupuestario de 2025, se cuenta con un crédito presupuestario de 783.197.420 euros, de los cuales, un total de 22.987.191,53 euros corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que supone un descenso de 2.325.449,63 euros con respecto a la aportación por nivel acordado del año pasado para Canarias que se cifró en 25.312.641,16 euros.
Canarias ha solicitado del Estado, una vez más, el aumento de la financiación y el cambio de modelo para definir los criterios de reparto de la financiación.
“Esta disminución viene motivada por la incorporación al sistema de 8.000 solicitudes que estaban pendientes de ser grabadas, lo que ha hecho que se incremente la lista de espera y penalice la distribución de créditos del nivel acordado”, explicó Delgado, quien subrayó que “asumimos esta penalización porque primero están las personas y, a pesar de este incremento de la lista de espera en el Imserso, lo cierto es que todo el mundo tiene derecho a que su solicitud esté grabada y conozca en cada momento el estado en que se encuentra”.
No obstante, la consejera ha recordado que si bien “la transparencia y la defensa de los derechos de las personas es nuestra prioridad, los criterios para esta financiación deben volver a ser discutidos”, enfatizó la consejera del área. “Nosotros estamos licitando con 27 millones de euros la teleasistencia avanzada. El año que viene, si este criterio sigue siendo el mismo que actualmente, igual a Canarias le corresponde toda la financiación porque se incorporarán 20.000 nuevas personas con un servicio prestado dentro del SAAD. ¿Sería esto justo? Tampoco, y esta es la razón por la que solicitamos esa revisión de criterios”. Tal y como reflejaron el resto de comunidades autónomas, el presupuesto está congelado para todas las comunidades “menos para el País Vasco, a quien se ha prometido que el Estado asumirá el 50% del coste total del sistema, mientras que en Canarias solo asume el 22%. El Ministerio tendrá que darle una vuelta a este reparto porque no puede ser que compitamos por la financiación entre comunidades”, reiteró.
Precisamente, para abordar este asunto, el Consejo Territorial ha decidido crear un grupo de trabajo para atender las demandas de la mayoría de las comunidades, que han coincidido en reprochar al Estado que la financiación del sistema no puede basarse en una competición entre comunidades.
El nivel acordado se calcula a partir de los fondos de estructura, fondos de gestión, fondos de cumplimiento de objetivos y fondo de acreditación de calidad de centros y servicios. Su objetivo es establecer un nivel de protección y financiación para la atención a las personas en situación de dependencia a nivel estatal y autonómico.
