El procedimiento estatal obliga a las familias a contratar previamente cuidados de alto coste para poder recibir la financiación destinada precisamente a sufragarlos
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió hoy (martes 21) que Canarias está aplicando con la máxima rapidez la Ley ELA y la normativa estatal que la desarrolla, pero reclamó al Gobierno de España una revisión urgente del procedimiento que regula el acceso a las prestaciones, al considerar que genera una barrera económica que muchas familias no pueden asumir.
Durante su intervención parlamentaria, Delgado explicó que el Ejecutivo autonómico ha dado prioridad absoluta a los expedientes relacionados con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), incorporando el nuevo grado III+ al sistema canario mediante el Decreto-ley 2/2026, agilizando la tramitación administrativa y estableciendo un circuito hospitalario específico para acelerar la acreditación clínica de los pacientes. Sin embargo, advirtió de que el principal problema no reside actualmente en la gestión de la Comunidad Autónoma, sino en las condiciones impuestas por la normativa estatal para hacer efectiva la prestación.
La regulación vigente establece que, incluso cuando una persona con ELA cumple todos los requisitos médicos y obtiene el reconocimiento del grado III+, la ayuda económica no puede abonarse hasta que la familia haya contratado previamente un asistente personal o un servicio de ayuda a domicilio. Esta exigencia sitúa a muchas personas en una situación especialmente difícil, ya que deben adelantar el coste de unos cuidados altamente especializados para poder acceder posteriormente a la financiación pública destinada precisamente a sufragarlos.
«La normativa coloca a las familias ante una auténtica paradoja», explicó la consejera de Bienestar Social “porque se les exige disponer primero de unos recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen para poder activar una prestación concebida para garantizar esos mismos cuidados». Además, recordó que las comunidades autónomas no pudieron hacer aportaciones a la ley, ya que el Gobierno publicó la ley en el Boletín Oficial del Estado sin contar con ellas.
A esta dificultad se suma que la Administración General del Estado únicamente transfiere a las comunidades autónomas la financiación correspondiente cuando el Programa Individual de Atención ya es efectivo y el servicio se encuentra contratado, lo que retrasa la llegada de los recursos incluso en expedientes ya reconocidos.
Candelaria Delgado insistió en que la Comunidad Autónoma seguirá acompañando a las familias durante todo el proceso, agilizando cada trámite administrativo y facilitando el acceso a las prestaciones dentro del marco legal vigente. No obstante, la consejera defendió que resulta imprescindible que el Estado adapte la normativa para que las ayudas respondan realmente a la finalidad con la que fueron concebidas: garantizar que ninguna persona con ELA quede sin la atención que necesita por no poder asumir previamente un coste económico inasumible.
«Canarias cumplirá la ley con rigor y con rapidez, pero también defenderá ante el Estado los cambios necesarios para que el acceso a estas prestaciones deje de convertirse en un obstáculo añadido para quienes ya afrontan una enfermedad extremadamente dura», concluyó Candelaria Delgado.
