La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que el Archipiélago ha hecho la tarea en la mejora de la gestión, aunque advierte de que el modelo aún no compensa suficientemente los costes de la insularidad y la ultraperiferia
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia, que permita avanzar hacia el modelo de financiación que establece la Ley de Dependencia.
Durante su participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado en el Ministerio de Servicios Sociales hoy (29 de junio), la consejera señaló que Canarias acude a esta reunión para conocer cómo se concretará la ampliación de financiación anunciada por el Gobierno de España y cuándo será efectiva para las comunidades autónomas.
“Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema”, afirmó. En todo caso, la consejera explicó que es muy peligroso querer hacer creer a la ciudadanía que esta aportación extraordinaria va a suponer un incremento en las aportaciones que reciben las personas dependientes, primero “porque aún no está garantizada que la financiación vaya a llegar, ya que tiene que ser aprobado en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría, y segundo porque es jugar con la esperanza de la ciudadanía que lleva soportando la infrafinanciación estatal durante muchos años”, aseguró.
La consejera recordó que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe realizarse de manera equilibrada entre Estado y comunidades autónomas. “Canarias lleva años haciendo un esfuerzo muy superior al que correspondería si se cumpliera ese principio. La Comunidad Autónoma, junto con los cabildos insulares, ha sostenido buena parte del coste del sistema”, señaló, “este cambio e incremento de financiación que puede darse a través de un real decreto ley, además, no es estructural”, un asunto que señalaron el resto de comunidades autónomas en la reunión que, junto a Canarias, temen que el incremento de la aportación, no garantizada para próximos ejercicios si llega a convalidarse, suponga que en los próximos años tenga que ser soportado por las comunidades autónomas.
En este sentido, explicó que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, lo que sitúa el esfuerzo estatal todavía lejos del equilibrio previsto en la normativa.
Además, recordó que la realidad del sistema canario debe analizarse teniendo en cuenta sus características territoriales. “Canarias tiene que desplegar servicios en siete islas, con mayores costes de transporte, menor capacidad de generar economías de escala y con la condición añadida de Región Ultraperiférica”, explicó.
Por otra parte, la reunión sirvió para certificar que Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior, lo que supone un incremento de 21,2 millones de euros y un crecimiento cercano al 92%. Esta mejora responde, entre otros factores, al avance registrado por Canarias en los indicadores de gestión del sistema, con más personas atendidas, más prestaciones reconocidas y una reducción progresiva de los tiempos de tramitación.
La consejera destacó que este incremento supone un reconocimiento al esfuerzo realizado por Canarias para reforzar la atención a la dependencia, aunque insistió en que la financiación estatal debe seguir avanzando hasta alcanzar el equilibrio previsto en la Ley de Dependencia. “El objetivo no es solo recibir más recursos, sino garantizar que la financiación acompañe el coste real del sistema y tenga en cuenta las singularidades de Canarias, un territorio fragmentado en islas y con mayores costes de prestación de servicios”, señaló.
Delgado insistió en que la mejora responde directamente al esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias para transformar la gestión de la dependencia. “La nómina de dependencia ha pasado de 7.919.285,33 euros mensuales al inicio de la legislatura a situarse actualmente en 18.278.259,21 mensuales. Ese incremento no es un aumento de gasto sin más: significa más resoluciones, más programas individuales de atención y más personas que reciben las prestaciones que les corresponden”, afirmó.
Los datos reflejan ese cambio: entre 2023 y la previsión de 2026 la nómina anual pasa de 95,52 millones a 189,43 millones de euros, un incremento cercano al 100%, fruto del aumento de derechos reconocidos.
Además, Canarias ha reducido de forma significativa los tiempos de tramitación. El número de personas con derecho a prestación y pendientes de resolución del programa individual de atención se ha reducido en un 91,9%, mientras que el tiempo medio de resolución ha bajado de 782 días en julio de 2023 a 335 días en mayo de 2026.
En relación con el tramo autonómico del 0,7% del IRPF, otro de los puntos tratados hoy en el Consejo Territorial, Canarias recibirá en 2026, 22,43 millones de euros, manteniendo prácticamente su peso relativo dentro del reparto estatal. La consejera señaló que este tipo de fondos se distribuyen mediante criterios sociales y territoriales, por lo que “la clave está en que esos criterios reflejen adecuadamente la realidad de territorios como Canarias”.
“Canarias seguirá colaborando con el Estado para mejorar el sistema, pero sin renunciar a reclamar una financiación justa. Hemos demostrado que cuando se mejora la gestión, más personas acceden a sus derechos. Ahora necesitamos que la financiación acompañe ese esfuerzo y reconozca el coste real de atender la dependencia en las islas”, concluyó.
