Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Cáritas Diocesana de Canarias, junto al resto de agrupaciones del país, ha denunciado este lunes un descenso en la contratación de trabajadoras del hogar debido a las dificultades que se han encontrado las familias empleadoras con los recientes cambios legales, por lo que ha pedido más apoyo institucional a la hora de fomentar el empleo.
En la actualidad, el principal problema al que se enfrenta este sector es la dificultad para acceder a la Seguridad Social, si bien siguen padeciendo la precarización de sus condiciones laborales, pese al Real Decreto Ley 16/2022 que las ampara legalmente, según ha querido reivindicar Cáritas con motivo del día internacional de las trabajadoras del hogar, que se conmemora cada 30 de marzo.
La técnica del área de Empleo de Cáritas Diocesana de Canarias, Elizabeth Herrera, ha explicado a los periodistas que, desde que se aprobó esta normativa hasta la actualidad, han detectado una disminución de la afiliación en la Seguridad Social de empleadas del hogar del 14 por ciento, pasando de unas 5.800 mensuales que había en septiembre de 2022 a unas 4.600 en febrero de 2025.
«La necesidad sigue, pero las contrataciones bajan porque el precio de la vida está cada vez más alto y hace que las familias se acojan cada vez más a la economía sumergida», ha apuntado Herrera.
Las trabajadoras del hogar no ven efecto en la nueva legislación
Pese a esa reforma legal y al Real Decreto 893/2024, que establece regulaciones sobre protección de la seguridad y la salud en el ámbito del empleo doméstico, desde Cáritas han insistido en que no se está traduciendo en una mejora de las condiciones de este sector laboral, que sigue invisibilizado.
Por ello, antes de leer un manifiesto conjunto con el resto de delegaciones del país, medio centenar de empleadas del hogar y personal de Cáritas de Las Palmas de Gran Canaria han posado tapándose las caras, los ojos o las bocas para denunciar esa invisibilización.
Dos de las trabajadoras del hogar que han participado en este acto, Rosa Gómez y Enma Duarte, han detallado sus experiencias trabajando en este sector en los últimos años: la primera desde hace siete, y la segunda desde hace tres.
Ambas han coincidido en que la entidad sin ánimo de lucro les ha brindado conocimientos para poder exigir respeto por sus derechos laborales, y que también les ha acompañado en su proceso para obtener un permiso de trabajo, la residencia y, por tanto, un mejor contrato, ajustado a la legalidad vigente.
Las empleadas no logran gozar de sus derechos hasta tener permiso
Y es que ambas han expresado haber tenido problemas con sus empleadores antes de conseguir ese permiso laboral, algo que está extendido a prácticamente todas las empleadas del hogar de origen extranjero.
Gómez, natural de Honduras y madre soltera, ha señalado a los periodistas que su problema es que no estaba contratada por la vía normativa y, por tanto, no conocía ni exigía sus derechos, pero que al acercarse a Cáritas, pudo saber las obligaciones que sus empleadores tenían respecto a ella.
«No se respetaban los contratos, no conocía que, por ejemplo, tenía derecho a vacaciones, a permisos para ir al médico, a que esas vacaciones fueran pagadas», ha dicho.
Por su parte, Duarte, natural de Guatemala y responsable de la familia que ha dejado en su país de origen, ha indicado que algunos de sus empleadores no le han respetado sus derechos «en el sentido que nos sobrecargan un poquito de trabajo, nos asignan más tareas, no nos pagan los festivos ni los domingos, cuando nos enfermamos tenemos que reponer ese tiempo…».
Y ha agregado que, aunque esta práctica está muy extendida, ha tenido empleadores que sí son más conscientes de su «valor» y de lo mucho que les resuelven en las tareas del hogar, y otros que no tanto.
Reivindicaciones de Cáritas
Por todo ello, desde Cáritas han reivindicado no solo una mejora en las condiciones laborales de este colectivo -sobre todo para el que tiene régimen interno-, sino que también haya una clasificación profesional «necesaria» de las trabajadoras para que se las distinga entre las que llevan a cabo tareas domésticas y las que cuidan a personas dependientes.
Además, han abogado por una mayor contribución por parte de las personas empleadoras a generar «condiciones justas y decentes» de trabajo para las empleadas del hogar, y a que la administración pública adopte medidas para fomentar la contratación y brindar más apoyo a las familias que dan trabajo, tal y como hace con las empresas.
Por último, ha llamado a una mayor vigilancia y control del cumplimiento de la normativa laboral en las contrataciones de empleadas del hogar. EFE
