Santa Cruz de Tenerife, 01 oct (EFE).- La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha anunciado que va a presentar una proposición no de ley en la Cámara Baja para que el Estado bonifique el impuesto de la basura en Canarias porque es Región Ultraperiférica (RUP) y en consonancia con el espíritu del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Cristina Valido ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para hablar de esta pnl, que insta al Gobierno de España a iniciar de manera urgente la modificación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de introducir bonificaciones, exenciones o modulaciones específicas para las islas.
En el texto CC advierte de que la aplicación de la ley, que provocaría que el impuesto de la basura en Canarias pueda subir hasta un 200%, ocasionaría un «grave perjuicio económico y social» a los ciudadanos, empresas y administraciones del archipiélago.
Según los nacionalistas canarios, la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias implica una serie de condicionantes, como lejanía, insularidad, superficie limitada y dependencia exterior, que afectan directamente a la gestión de residuos.
La falta de suelo, los sobrecostes logísticos en el transporte y la limitada disponibilidad de tecnologías de tratamiento a escala insular sitúan a las islas en una posición de clara desventaja para cumplir con los objetivos de la ley en las mismas condiciones que el resto del Estado, reza la pnl.
Ante esta situación, la diputada de CC ha comentado que el Cabildo de Tenerife elevó una consulta a las instituciones europeas para evaluar la compatibilidad de esta aplicación uniforme con los principios de proporcionalidad y cohesión territorial.
En su respuesta del 14 de julio de 2025, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha sido clara: «si bien la transposición realizada por España se encuentra dentro del marco legal, el Estado español tenía y tiene discrecionalidad para haber incluido excepciones o mecanismos de modulación para territorios insulares en su legislación nacional».
Este respaldo institucional , según CC, abre la vía para que, siguiendo los cauces de la legislación nacional, se pueda solicitar una revisión de la ley para que no se aplique esta tasa «sin modulación», un auténtico «basurazo» que amenaza con sobrecargar a hogares y administraciones locales.
«No se trata de eludir el principio de quien contamina paga, sino de garantizar que su aplicación sea justa, sensible y proporcional a la singularidad de las Islas», destaca la propuesta de CC, quien apostilla en la pnl que es «imperativo que el Gobierno de España actúe con la sensibilidad que no tuvo el legislador en su momento y corrija una norma que, aunque legal, resulta profundamente injusta para Canarias».
A este respecto, Cristina Valido ha insistido en que “no se puede tratar igual lo que es diferente» y que Canarias comparte el objetivo de la ley, pero exige que se adapten las circunstancias de una región ultraperiférica,» con más costes y menos recursos disponibles».
Ha agregado que las dificultades geográficas, la insularidad, la falta de suelo y la dependencia del exterior hacen que para Canarias el coste de reciclar sea mucho más alto, por lo que modificar esta ley es, a su juicio, «una cuestión de justicia territorial y cohesión».
Asimismo, el director insular de Residuos del Cabildo de Tenerife, Alejandro Molowny, ha recalcado que se trata de un impuesto “de difícil aplicación en un territorio insular, con limitaciones de suelo, mayores costes de transporte y dependencia tecnológica del exterior”.