La consejera destaca que las corporaciones insulares serán “piezas clave” en la aplicación de la norma que permitirá reducir listas de espera históricas y acercar los derechos de las personas con discapacidad al territorio
Los representantes insulares que asistieron destacaron la importancia y la necesidad de esta normativa y felicitaron al Gobierno de Canarias por la iniciativa
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, compareció hoy ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para explicar a las corporaciones insulares el contenido y alcance del nuevo Decreto Ley de Discapacidad, aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 29 de julio.
Delgado subrayó que el decreto supone “una reforma estructural largamente demandada, que simplifica procedimientos y garantiza que la atención llegue de manera más rápida y justa a quienes más lo necesitan”.
La consejera puso el acento en el papel que asumirán los cabildos insulares, que pasan a ser “aliados estratégicos de primer nivel” en la aplicación de la norma. A su juicio, “la cercanía a la ciudadanía y su experiencia en la gestión social serán fundamentales en la detección temprana de casos y derivación rápida hacia la valoración”
Destacó también la participación de las Corporaciones insulares en la verificación de documentación e informes médicos y sociales, “facilitando que los expedientes lleguen más completos y evitando retrasos” y expresó también la importancia de estas instituciones en el “acompañamiento a las familias, especialmente en islas no capitalinas, donde el cabildo actúa como primera referencia institucional”.
Candelaria delgado se refirió al papel que desempeñan en la coordinación con recursos propios insulares, como servicios sociales, transporte adaptado o programas de inclusión laboral, “que ahora podrán articularse de forma más integrada con el reconocimiento oficial de la discapacidad”, dijo.
Entre las principales novedades de la norma, Delgado explicó que:
Se incorpora un listado oficial de patologías que permitirá reconocer automáticamente grados de discapacidad (33 %, 65 % o 75 %), reduciendo esperas innecesarias.
Se amplía la prioridad de tramitación a todos los menores de hasta 18 años, antes limitada a 0–6, y a situaciones sociales graves.
Se establece la emisión automática de la tarjeta de estacionamiento con la resolución del grado de discapacidad.
Se mejora la coordinación con Sanidad, Educación y Servicios Sociales, facilitando informes y respuestas integrales.
“La reforma nos permitirá reducir las listas de espera, dar seguridad jurídica y garantizar la igualdad territorial.
Y todo esto será posible porque los cabildos se convierten en auténticos compañeros de viaje en este proceso”, afirmó la consejera.
Delgado insistió en que “el éxito del decreto dependerá en gran medida de esta colaboración interadministrativa, porque son los cabildos quienes tienen el pulso más cercano de las realidades insulares”. Por ello, el Gobierno acompañará la implantación de la norma con recursos técnicos, formación del personal y un sistema de evaluación compartido, que permitirá medir periódicamente el impacto en cada isla.
La consejera concluyó recordando que “cuando una persona solicita el reconocimiento de la discapacidad, no pide un papel, pide oportunidades y derechos. Con este decreto, y con el compromiso de los cabildos, Canarias responde de forma más ágil y más justa a esa demanda histórica”.
A continuación, intervinieron los representantes de los Cabildos insulares asistentes, los de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera y Fuerteventura, quienes coincidieron a la hora de resaltar la importancia de esta nueva normativa y expresaron su interés por desempeñar las funciones que el nuevo decreto otorga a las corporaciones. En esta línea felicitaron a la consejera y a la directora general de discapacidad por esta iniciativa que, según aseguraron, es fundamental para acabar con las “históricas listas de espera que han sufrido las personas con discapacidad en los últimos años”.
