Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha reconocido que «las cosas no se hicieron bien» en el anterior mandato al instalar una tubería de riego por encima de la fajana creada durante la erupción del volcán Tajogaite, por lo que la corporación insular «deberá afrontar las consecuencias».
Las consecuencias son el pago de una sanción de 2,1 millones de euros promovida por la Dirección General de Costas y que ha aprobado el Consejo de Ministros, según ha declarado Rodríguez, aunque el Cabildo aún no ha recibido notificación oficial.
«Lo que nos corresponde es asumir el pago de los 2,1 millones de euros como sanción por la decisión que se tomó», ha lamentado el actual presidente de la corporación insular.
En principio la multa era por 1,7 millones de euros al Consejo Insular de Aguas del Cabildo por la instalación de ese tubo en dominio público marítimo terrestre, pero la Abogacía del Estado la elevó por considerarla insuficiente, ha indicado Rodríguez.
La tubería, de casi 1.500 metros de longitud, afecta a 11.600 metros cuadrados de dominio público y 300 metros lineales y 2.400 metros cuadrados de servidumbre.
La sanción, considerada grave, se fundamenta en la desatención del Consejo Insular de Aguas al requerimiento de paralización emitido por el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife el 22 de julio de 2022.
«Se trata de una sanción importante en un momento en el que el Cabildo de La Palma está utilizando todos los recursos disponibles, tanto propios como ajenos, para evitar que la recuperación de las infraestructuras se paralice», ha manifestado Sergio Rodríguez.
Rodríguez ha subrayado la importancia de esa tubería pero ha añadido que se está trabajando en un proyecto alternativo que permita su soterramiento, así como garantizar el acceso a las playas de la Fajana.
«Es un asunto que debemos abordar con la propia Dirección General de Costas y, además, trabajar en la posibilidad de retirar ese tubo en el futuro cuando dispongamos de una solución alternativa», ha explicado.
Ha informado de que el Cabildo aún no ha recibido una notificación oficial del acuerdo del Consejo de Ministros, pero la información disponible apunta a que «se refiere exclusivamente a la multa por colocar el tubo en un lugar indebido».
Rodríguez ha considerado que «se ha invadido la servidumbre» y que «las formas no fueron las adecuadas, nadie discute la necesidad de haber abordado la situación en aquel momento, pero no hubo un acuerdo entre el Cabildo y la Dirección General de Costas». EFE
