La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha celebrado este jueves su Consejo de Administración, en el que la seguridad ha articulado los principales asuntos del orden del día. La presidenta, Beatriz Calzada, informó del resultado de la inspección realizada por la Comisión Europea en materia de seguridad y elevó la actualización del Plan de Protección de los Puertos, reforzando el compromiso de la institución con los estándares europeos de control, vigilancia y protección.
Beatriz Calzada puso en valor que “la seguridad es una condición indispensable para la operativa portuaria y para la actividad económica que generan nuestros cinco puertos. La reciente inspección de la Comisión Europea nos recuerda que cumplir y hacer cumplir los estándares con controles de accesos, cerramiento de muelles y procedimientos no es una opción, es un requisito. En el Puerto de Las Palmas, por su intensidad de escalas y operaciones de suministro de combustibles, esa exigencia es, si cabe, mayor, y así lo estamos aplicando”.
En materia de control fronterizo, el Consejo aprobó la adjudicación del contrato de suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento integral del equipamiento automatizado para el control fronterizo y los servicios de información a pasajeros (EES/ETIAS) a la UTE Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A.U. – Thales DIS España, S.A.
El proyecto, que cuenta con financiación europea, permitirá implantar el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y ETIAS en los recintos portuarios de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario. En el Puerto de Las Palmas, el despliegue incluirá dos contenedores de 40 pies habilitados como Puesto Fronterizo Móvil, equipados con ocho quioscos de verificación documental y biométrica, un circuito de cámaras CCTV, señalética e información al pasajero, así como tres tabletas de registro. Además, el contrato contempla la posibilidad de incorporar dos contenedores adicionales, condicionados a la actualización de los fondos europeos. En Arrecife se instalarán dos tabletas de registro y en Puerto del Rosario, tres. La financiación comunitaria cubre el 75% de la inversión en equipamiento y el 100% del mantenimiento durante tres años, en el marco del convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Puertos del Estado.
Asimismo, se aprobó el nuevo Plan de Recepción y Manipulación de Desechos procedentes de buques, en cumplimiento del Real Decreto 128/2022, que obliga a su renovación cada cinco años o cuando se produzcan cambios significativos. El documento, elaborado con personal propio, define la demanda de residuos que genera la actividad portuaria, inventaría los medios disponibles y verifica que la Autoridad Portuaria dispone de recursos suficientes para atender tanto la demanda actual como la proyectada a cinco años vista. El plan ha superado el trámite de información pública y cuenta con los informes favorables de Capitanía Marítima y Puertos del Estado, quedando su aprobación definitiva ratificada por este Consejo.
En el ámbito patrimonial, se abordó la adjudicación del contrato de compraventa de los terrenos desafectados del dominio público portuario pertenecientes al Real Club Náutico de Gran Canaria. La operación contempla la adquisición de 9.965 metros cuadrados por un importe total de 6.818.000 euros, culminando un procedimiento iniciado en ejercicios anteriores y de gran relevancia para la ordenación del frente marítimo de la ciudad.
El Consejo analizó asimismo la solicitud de concesión presentada por Lanzafuel S.L., destinada a la ocupación de una parcela de 1.652,30 metros cuadrados en el Muelle de Naos, en el puerto de Arrecife, para la instalación de una estación de servicio y electrolinera. En la sesión anterior, el Consejo de Administración había decidido dejar sobre la mesa la resolución de este expediente hasta contar con un pronunciamiento claro del Ministerio del Interior acerca del alcance de las observaciones remitidas durante la tramitación.
Una vez solicitada la aclaración, el Ministerio ha emitido un informe desfavorable sobre la ubicación propuesta, al considerar que la parcela no reúne las condiciones de seguridad adecuadas para albergar este tipo de instalación. A la vista de este informe, que responde expresamente a la solicitud cursada por el propio Consejo, la propuesta elevada en esta sesión ha sido la de rechazar el otorgamiento de la concesión, atendiendo a criterios de seguridad y de ordenación del espacio portuario, en línea con la planificación vigente del Puerto de Arrecife.
Dentro del compromiso con la sostenibilidad, el Consejo conoció la modificación no sustancial del título concesional de Megaturbinas Arinaga S.A., que incorpora la bonificación de la tasa de ocupación reconocida por la Dirección del Puerto. Este proyecto, vinculado al desarrollo de hidrógeno verde para el transporte colectivo y a la investigación en energías limpias, refuerza el liderazgo de la Autoridad Portuaria en el impulso de iniciativas ambientalmente sostenibles. En esta misma línea, se aprobó la firma del convenio de Buenas Prácticas Ambientales con HIDRAMAR S.L., que permitirá mantener las bonificaciones en tasas para empresas que acrediten mejoras en sus rendimientos ambientales.
Sobre esta línea de trabajo, Beatriz Calzada remarcó la importancia de seguir avanzando hacia un modelo portuario más eficiente y responsable, asegurando que “la sostenibilidad y la eficiencia energética forman parte del ADN de nuestros puertos. Apostamos por proyectos que reduzcan la huella ambiental y que sitúen a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la vanguardia de la transición ecológica en el sistema portuario español”.
En el área de contratación, se autorizó la apertura del procedimiento para la prestación de los servicios de actualización, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades del sistema integral de gestión portuaria. Este contrato, con un presupuesto base de licitación de 2.683.560 euros, un valor estimado de 3.009.600 euros y una duración inicial de cuatro años, tiene como objetivo modernizar y optimizar la herramienta tecnológica que centraliza la gestión de los puertos, reforzando la eficiencia operativa y la adaptación a las nuevas exigencias del sector.
Por otro lado, el Consejo tomó conocimiento de la recepción del contrato de gestión del aparcamiento de vehículos ubicado en la Dársena de Embarcaciones Menores, que pasa a estar bajo régimen concesional a cargo de la empresa EMPARK Aparcamientos y Servicios S.A. El contrato, con un importe anual de 201.820,57 euros y una vigencia de cuatro años prorrogables por dos más, establece que la explotación del aparcamiento dejará de ser gestionada directamente por la Autoridad Portuaria y pasará a manos de la empresa concesionaria.
En el apartado de dominio público, el Consejo de Administración aprobó diversas resoluciones en materia de desahucio administrativo para la recuperación de espacios ocupados sin título habilitante en el Puerto de Las Palmas. Entre ellas, figura la resolución del procedimiento de desalojo de los cuatro locales ocupados por la entidad Formación Profesional para el Empleo Europea S.L., situados en el Centro Comercial Sotavento, en la Dársena de Embarcaciones Menores. Asimismo, se acordó la recuperación de la posesión de siete nuevos puestos de amarre ocupados de forma irregular. Estas embarcaciones se suman a las ya objeto de resolución en Consejos anteriores, alcanzando un total de 25 amarres regularizados dentro del proceso progresivo de actuación sobre los denominados “barcos-vivienda”. El objetivo es recuperar los espacios ocupados sin autorización y garantizar un uso ordenado del dominio público portuario. Con estas actuaciones, la Autoridad Portuaria reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y la correcta gestión de los espacios portuarios, en cumplimiento de la normativa vigente.
Finalmente, en el apartado de revisión de actos, se acordó inadmitir el recurso de alzada interpuesto por el propietario de la embarcación El Cachirulo contra el requerimiento de liberar el amarre y abandonar la Dársena de Embarcaciones Menores, al tratarse de un acto no susceptible de recurso. Asimismo, se desestimó el recurso de reposición presentado por la mercantil Allende Restauración S.L. contra la resolución de desahucio administrativo de los locales 9 y 12 del Centro Comercial Sotavento, ubicado en el Muelle Deportivo.
