Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias está ultimando una ley con la que pretende crear una plataforma única a través de la que la ciudadanía tenga acceso a los datos de las diferentes administraciones y entidades que estén obligadas a rendir cuentas con el propósito de modernizar el sistema de transparencia.
El borrador de esta nueva ley ha sido presentado este lunes al Consejo de Gobierno por la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, quien ha explicado que esta normativa «nace dentro de las acciones de modernización y calidad de los servicios públicos», pero también «de integridad institucional» y de «la necesidad de adaptar y de actualizar a la sociedad y los medios que tenemos hoy» las leyes 2010 y de 2014 de transparencia e información pública.
Esta norma, denominada Ley de Gobierno Abierto, refunde esas dos leyes pero también regula otros aspectos «que se han quedado obsoletos», ha indicado la consejera.
Entre las novedades del texto, Barreto ha destacado la creación de una plataforma de transparencia para Canarias que «se actualizará a tiempo real» y que permitirá unificar el acceso a la información de todos aquellos sujetos que están obligados a rendir cuentas, sean entidades o administraciones, con el propósito de que «todo sea más fácil para el ciudadano al no tener que acudir a distintas plataformas y páginas».
«De esta manera facilitaremos a los ciudadanos no solo estar informados, sino ejercer sus derechos frente a la Administración o entidad que corresponda», ha manifestado al indicar que buscan reunir las comparecencias públicas, los informes de rendición y los espacios de diálogo ciudadano.
Barreto ha señalado que esta ley se basa en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas de manera continuada, por lo que también pretende crear nuevos instrumentos digitales, como los observatorios ciudadanos, los presupuestos participativos y plataformas de legislación colaborativa, sin olvidar a aquellas personas que requieran la participación presencial como, por ejemplo, en las zonas rurales.
Regulación de los lobbies
Además, ha indicado que a través de esta norma se regularán por primera vez los grupos de interés (lobbies), creando un marco jurídico «integral» para su regulación y su actividad de influencia sobre decisiones públicas, así como un registro obligatorio y un código de conducta.
«Se regula la huella normativa que va a permitir en todo momento documentar públicamente que contactos se han establecido para cualquier toma de decisiones y de disposiciones normativas», ha señalado.
De este modo, ha dicho, se quiere garantizar que esa influencia sea transparente, íntegra y respetuosa con el interés general.
El texto también aspira a la creación de la Autoridad Canaria de Participación, «una institución que permitirá y facilitará la participación ciudadana», debido a que, tras las reuniones con más de 400 personas de las diferentes islas entre febrero y abril para la elaboración de este anteproyecto se constató que no es fácil participar a pesar de contar con mecanismos para ello.
Otra de las medidas será modificar el régimen sancionador, incorporando sanciones en algunos casos más elevadas y, en otros, diferenciándolas en función de las materias.
Barreto ha defendido que este borrador del texto se ha redactado en base a un proceso participativo y que recoge el 87 % de las aportaciones recibidas a través de las reuniones y de una plataforma oficial de consulta pública.
El documento fue elaborado entre los pasados 1 de septiembre y 1 de octubre y en las próximas semanas se abrirá el plazo de alegaciones para que entidades, administraciones y ciudadanos hagan las aportaciones que consideren oportunas.
«Para nosotros se convierte en una ley adaptada a la sociedad que tenemos, a las Canarias de hoy y a los medios tecnológicos y, por lo tanto, transformadora, y conseguimos que todos los ciudadanos utilicen los mecanismos que la ley les permite para ejercer sus derechos», ha concluido la consejera. EFE
