Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).- La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado este jueves que el nuevo decreto de simplificación administrativa aprobado en mayo ha permitido reducir a la mitad los tiempos de tramitación de los expedientes de dependencia, situándolos en una media de 478 días frente a los 977 que se registraban al inicio de la legislatura, y ha pedido más financiación estatal.
En la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar los avances en materia de dependencia tras la entrada en vigor del nuevo decreto, Delgado ha defendido que las cifras son “oficiales y verificadas por el Ministerio de Derechos Sociales”, y ha rechazado las acusaciones de manipulación o falseamiento.
“Acusar a funcionarios públicos o al propio ministerio de mentir se sale de lo razonable”, ha subrayado Delgado, quien ha precisado que desde julio de 2023 se han registrado 18.336 nuevas solicitudes de dependencia y se han emitido 21.828 resoluciones de grado, frente a las 13.813 del anterior Gobierno del Pacto de las Flores.
Además, las resoluciones de derecho (PIA) alcanzan las 19.039, superando las cifras del mandato previo.
Según ha destacado, el nuevo decreto permite resolver en un único trámite la valoración y la concesión del grado, lo que ha agilizado el acceso a las prestaciones.
En islas como Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, los plazos ya cumplen los 180 días fijados por ley.
La consejera ha explicado que actualmente 64.382 personas tienen reconocido su derecho a la dependencia, aunque 13.741 aún no disfrutan de la prestación.
Para resolver esta situación, el Gobierno canario ha puesto en marcha un servicio de apoyo telefónico y ha licitado un servicio público de ayuda a domicilio para cubrir las zonas donde no llega la oferta privada.
Asimismo, se ha firmado el contrato del nuevo servicio de Teleasistencia Avanzada, que beneficiará a más de 20.000 personas, en línea con la estrategia europea de desinstitucionalización, que prioriza la atención en el hogar frente a las grandes residencias.
La consejera también ha aprovechado para reclamar una revisión del sistema de financiación estatal, al señalar que el Gobierno de Canarias y los cabildos asumen el 78 % del coste del sistema de dependencia, mientras que el Estado solo aporta el 22 %.
“Si el Estado incrementa su participación, podremos prestar más servicios, contratar más personal y reducir aún más los plazos”, ha aseverado.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es cerrar la legislatura cumpliendo con el plazo legal de 180 días y “situar a las personas mayores y dependientes en el centro de la política social de Canarias”, ha zanjado.