Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que su Gobierno envió ayer otro escrito al Tribunal Supremo ante la lentitud del traslado de los menores no acompañados con derecho a asilo, al entender que hay una «desobediencia clara» del mandato del alto tribunal al haberse trasladado solo a 127 menores o «1,5 al día».
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional en el pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Luz Reverón sobre este asunto.
«Ayer registramos un escrito en el Tribunal Supremo en el que ponemos de manifiesto estas circunstancias porque no queremos ser cómplices con el Gobierno de España del incumplimiento de las órdenes del Supremo y que se sigan vulnerando los derechos de los niños», ha esgrimido Clavijo, que ha señalado que el ritmo de traslado «no tiene sentido».
Ha agregado que con ese flujo «es evidente que el problema de hacinamiento no se va a resolver» y que de hecho las previsiones es que se agrave.
Ha acusado asimismo al Gobierno de España de racismo, al volver a comparar la situación de los menores que llegan a Canaria desde África con la acogida de los menores no acompañados procedentes de la guerra de Ucrania, que ha cifrado en unos 7.000.
«Se acogieron sin necesidad de ir a un tribunal. No hubo excusas ni follón. Creemos que detrás hay racismo. Y es triste que un Gobierno que se dice progresista y democrático tenga que ser demandado por una comunidad autónoma para que cumpla con sus obligaciones», ha reiterado Clavijo.
En la misma línea formulaba su pregunta Reverón, que ha considerado la situación «un despropósito» después de que en estos meses solo se haya alcanzado un 11% de las derivaciones, lo que ha considerado un «incumplimiento sistemático» del Gobierno de España, al que ha acusado de deslealtad institucional y abandono.
También ha lamentado que el PSOE ponga el foco en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pues todo esto, ha aseverado Reverón, «forma parte de una estrategia política premeditada que quiere convertir a Canarias en un embudo sin salida para los menores». EFE