El órgano judicial encargado del lanzamiento hipotecario de una familia residente en el municipio grancanario de Ingenio (Las Palmas) previsto para este miércoles 19 de noviembre (procedimiento 2/2019) ha suspendido la actuación, a petición de la dirección legal de los afectados.
La Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde (antes Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde) estimó este martes la solicitud de la familia de suspender el lanzamiento, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2019, en tanto la empresa pública del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (Visocan) finaliza su labor de búsqueda de una alternativa habitacional a los afectados, y estos, en paralelo, intentan negociar un alquiler social con la empresa adjudicataria de la vivienda.
La Justicia da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia y, al mismo tiempo, a la parte titular inmueble, por si estuviera dispuesta a negociar un alquiler social.
Con las respuestas que reciba de ambas partes, la Plaza tomaría una decisión: o bien podría nueva fecha al lanzamiento o daría el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional.
El órgano judicial encargado del lanzamiento hipotecario de una familia residente en el municipio grancanario de Ingenio (Las Palmas) previsto para este miércoles 19 de noviembre (procedimiento 2/2019) ha suspendido la actuación, a petición de la dirección legal de los afectados.
La Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde (antes Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde) estimó este martes la solicitud de la familia de suspender el lanzamiento, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2019, en tanto la empresa pública del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (Visocan) finaliza su labor de búsqueda de una alternativa habitacional a los afectados, y estos, en paralelo, intentan negociar un alquiler social con la empresa adjudicataria de la vivienda.
La Justicia da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia y, al mismo tiempo, a la parte titular inmueble, por si estuviera dispuesta a negociar un alquiler social.
Con las respuestas que reciba de ambas partes, la Plaza tomaría una decisión: o bien podría nueva fecha al lanzamiento o daría el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional.