Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Volcanes, una norma que emana de la iniciativa popular y tramitada en la cámara legislativa, la primera ley de volcanes de España, surgida en La Palma tras la erupción del otoño de 2021.
La Ley de Volcanes busca garantizar, acelerar y dar seguridad jurídica a la recuperación social, económica, medioambiental y habitacional tras una erupción volcánica, que en una tierra como Canarias nadie duda de que volverá a suceder.
Los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en elogiar el origen popular de la norma y el consenso político para su aprobación, si bien la diputada del PSOE Alicia Vanoostende fue muy crítica con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en los últimos dos años, que «no está a la altura del pueblo palmero».
«No hay peor engaño que el que se hace a las personas vulnerables», denunció Vanoostede, cuyo grupo mantuvo sin éxito una enmienda para que haya transparencia y se sepa qué personas reciben las ayudas públicas.
La gente «sigue esperando una respuesta», el Gobierno central «tiene un compromiso firme con la recuperación», pero los agricultores, los vecinos de la zona de exclusión siguen teniendo dudas sobre cómo se han repartido los fondos, y se oculta a quién han ido las ayudas, queremos luz y taquígrafos», manifestó la representante del PSOE, quien exigió que el ejecutivo canario «no siga usando el dolor de un pueblo para hacer política».
El resto de los portavoces centraron sus intervenciones en el elogio de la Ley de Volcanes, y así Jonathan de Felipe, de CC, recordó que los afectados se encontraron ante una erupción sin una norma jurídica que permitiera hacerle frente y son ellos mismos «quienes regalan a Canarias una norma como esta», para afrontar nuevas erupciones y para aplicarla en el caso del Tajogaite en todo aquello que sea compatible.
La diputada del PP Raquel Díaz comentó que nunca se olvidará que el Tajogaite «arrasó con historias y recuerdos» frente al que aunque «no teníamos un manual, la reacción se convirtió en un ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional».
«No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en el futuro a la recuperación de los proyectos de vida», explicó.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó que esta iniciativa popular demuestra que la sociedad siempre va por delante.
No obstante, subrayó que frente a la erupción del Tajogaite «se hizo mucho, aunque de forma insuficiente y más lenta de lo adecuado, de ahí la necesidad de esta norma: para aprender de los errores y consolidar lo que se hizo bien».
Javier Nieto, de Vox, recordó que los ciudadanos de La Palma siguen con problemas sin resolver y con heridas que aún no están cicatrizadas y defendió que aunque esta ley no resuelve todo ni es una panacea sí demuestra la importancia del consenso para buscar soluciones y acercarse a los problemas de los ciudadanos.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que esta norma es un ejemplo de que entre el pueblo y el Parlamento se pueden crear sinergias en beneficio de todos.
El diputado de AHI Raúl Acosta Raúl Acosta (AHÍ) subrayó que la ley emana del pueblo y entronca con la participación ciudadana en la política, a la vez que se ha enriquecido en la tramitación parlamentaria mediante la aportación de todos los grupos.
La nueva normativa aprobada definitivamente este miércoles busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.
La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.
La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.
En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas. EFE