La consejera, Candelaria Delgado, destaca que el nuevo decreto permitirá adaptar los procedimientos a la realidad actual sin rebajar los requisitos de calidad, control ni las garantías para las personas usuarias. El documento aprobado en el Parlamento también aborda aspectos relacionados con la fiscalidad y la gestión de los fondos europeos Next Generation
El Parlamento de Canarias ha convalidado el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, que introduce cambios dirigidos a facilitar una respuesta más ágil en el ámbito de los servicios sociales y la dependencia. Así lo expuso hoy (jueves 10) la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, durante su intervención. Además de esa medida, el Decreto-ley aborda la fiscalidad y la gestión de los fondos europeos Next Generation, dos aspectos fundamentales para el Ejecutivo regional. “Son materias distintas, pero las modificaciones responden a un mismo criterio: adecuar nuestra normativa a la realidad y evitar que determinadas rigideces administrativas terminen perjudicando el interés general”, explicó Delgado.
La consejera de Bienestar Social indicó que se está ultimando el nuevo Decreto de acreditación de centros y servicios sociales, una norma con la que pretende modernizar y agilizar los procedimientos administrativos necesarios para que los recursos puedan incorporarse al Sistema Público de Servicios Sociales y de Dependencia, manteniendo las exigencias de calidad y las garantías de control público.
“La actualización del marco de acreditación responde a la necesidad de adaptar los procedimientos a la situación actual del sistema y facilitar que los recursos disponibles puedan ponerse al servicio de las personas que tienen reconocido un derecho a la atención. Estamos en un momento en el que hemos conseguido avanzar de manera muy importante en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia y ahora tenemos que conseguir que esos derechos se traduzcan cuanto antes en atención efectiva”, señaló Delgado.
En este contexto, uno de los principales retos es la situación administrativa de los centros y servicios vinculados al sistema de dependencia. Actualmente, aproximadamente el 60 % de los centros y servicios incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos se encuentran pendientes de acreditación.
La consejera subraya que este dato no significa que estos recursos funcionen de manera irregular ni que carezcan de las condiciones adecuadas, sino que pone de manifiesto las dificultades administrativas acumuladas y la necesidad de actualizar el modelo de acreditación para adecuarlo a la realidad actual.
“El objetivo no es rebajar requisitos ni eliminar controles. Todo lo contrario: queremos contar con un sistema más ágil, pero igualmente exigente en materia de calidad y garantías”, apunta.
El nuevo Decreto de acreditación, que ya ha pasado por el Consejo General de Servicios Sociales, constituirá el nuevo marco regulador para la acreditación de centros y servicios. Su aprobación permitirá avanzar hacia procedimientos más adaptados a las necesidades actuales del sistema, reduciendo obstáculos administrativos sin menoscabar las competencias de comprobación, inspección, control y sanción de la Administración.
“La nueva regulación permitirá avanzar hacia un sistema de acreditación más moderna, ágil y adaptada a las necesidades actuales, manteniendo en todo momento los estándares de calidad y el control público sobre los centros y servicios”, aseguró Candelaria Delgado.
Ámbito fiscal y fondos Next Generation
El Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio introduce en el ámbito fiscal ajustes de coherencia normativa y de seguridad jurídica. Por una parte, se armoniza el tratamiento tributario de los combustibles mezclados con biocarburantes, incorporando expresamente el aceite vegetal hidrogenado. También se mantiene el tipo reducido del 0,1 % en Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca, eliminando el requisito de domicilio en Canarias para adecuar nuestra regulación a la doctrina constitucional. Y, ante la paralización de la producción local, se establece temporalmente el tipo cero del AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el 31 de marzo de 2027.
El segundo bloque afecta a la ejecución de los fondos europeos Next Generation. En este caso, se adapta la legislación presupuestaria porque algunos de los calendarios inicialmente previstos se han ampliado y permiten que determinadas actuaciones continúen más allá de 2026. “No se elimina ningún control ni se flexibilizan las obligaciones asociadas a esos fondos; simplemente se evita que la propia normativa de las islas pueda convertirse en un obstáculo para ejecutar recursos europeos que Canarias no puede permitirse perder”, señaló Candelaria Delgado.