Medidas drásticas para situaciones drásticas, es lo que exige el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura para paliar el grave problema de vivienda en una isla donde el precio del alquiler medio se ha duplicado en los últimos cinco años, denuncian, exponiendo a numerosas familias a una situación de vulnerabilidad.
Uno de los puntos clave de la reivindicación es la expropiación de viviendas vacías en manos de grandes tenedores y bancos, con el objetivo de destinarlas al alquiler social.
“Si el Estado puede expropiar terrenos para construir carreteras, ¿por qué no puede hacerlo con viviendas que llevan años vacías y sin uso?”, se pregunta Chus Vila, representante del sindicato, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, donde, junto con Pau Valverde y Ruth González, afirmó que “debería empezarse por los inmuebles de la SAREB”.
Entre las propuestas concretas que realizan, apuntan a la necesidad de una regulación efectiva del mercado, evitando que la vivienda siga siendo un negocio especulativo en lugar de un derecho garantizado.
En esta línea, urgen a la bajada inmediata del precio del alquiler en al menos un 50 %.
“Las administraciones no pueden seguir permitiendo que los alquileres sean impagables. Hay personas que deben elegir entre pagar un techo o alimentarse, eso no es vida”, denuncia Ruth González.
En este sentido, denunciaron el impacto de la vivienda vacacional en el parque de viviendas y la subida de precios del residencial, acusando el afán de lucro de muchos que dificulta el acceso a una vivienda a otros.
Cuestionaron, además, las medidas del Ejecutivo encaminadas a regular el alquiler vacacional y a promover la construcción de más vivienda pública para paliar la situación, y aseguraron no confiar en las soluciones de los políticos y políticas, muchas veces vinculados a intereses empresariales, denunciaron.
También valoraron la propuesta de una ley de residencia, defendida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aunque llega “veinte años tarde”, recalcaron, cuestionando, por otro lado, que “si el Gobierno dice que hay que frenar el crecimiento, ¿por qué sigue aprobando nuevos hoteles?”
Por otro lado, también hicieron hincapié en el “discurso alarmista” sobre la okupación. El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura desmiente que este fenómeno sea el principal problema habitacional de la isla. Según datos nacionales extrapolables a Canarias, afirmaron, solo el 0,6 % de las viviendas están ocupadas y menos del 10 % de los inquilinos dejan de pagar el alquiler, una cifra que incluye retrasos puntuales en los pagos.
“Nos venden la idea de que la okupación es una amenaza masiva, pero lo que realmente está ocurriendo es que miles de personas no pueden pagar alquileres desorbitados y se ven expulsadas de sus hogares”, explica Chus Vila.
El sindicato insiste en que la solución no vendrá desde los despachos políticos, sino desde la presión ciudadana en las calles.
“No basta con hablar de la crisis de la vivienda en casa. Es el momento de salir a exigir soluciones reales y urgentes”, concluyeron, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a participar en la convocatoria del próximo 5 de abril.
