El órgano también ha informado positivamente el reglamento que desarrolla los programas de inclusión social de la Renta Canaria de Ciudadanía
El Consejo General de Servicios Sociales, reunido hoy, ha informado positivamente el anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, una regulación de 192 artículos que reordena por completo el sistema autonómico de protección. El proyecto no se limita a modificar la Ley 1/1997: la sustituye por un nuevo marco integral que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, y refuerza la prevención, la participación, la coordinación y la protección especializada. El texto se ha elaborado de manera compartida con administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, sumando además una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años.
Esta transformación legal sitúa la posición jurídica del menor en el centro del sistema e integra de forma transversal la discapacidad, la accesibilidad universal y la parentalidad positiva. Entre sus principales novedades, la norma incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. Asimismo, el texto prioriza el acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y garantiza programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes extutelados que superen la mayoría de edad.
En el plano administrativo y de gestión, la ley elevará las exigencias organizativas y de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para modernizar la tramitación y evitar la fragmentación institucional, se implementará un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC. Además, la participación infantil quedará institucionalizada de manera estable a través de la creación de nuevos órganos de consulta social, entre los que destaca el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.
La implantación real del articulado se realizará de forma escalonada, ya que sus disposiciones adicionales estipulan que su aplicación progresiva estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de las islas. Como balance final de este nuevo modelo de atención autonómica, el proyecto configura un sistema integral, gradual, compartido, participado y sostenible. Su principal valor es desplazar el centro de gravedad desde la mera protección administrativa hacia la garantía efectiva de derechos, la prevención, el buen trato y la participación. Su principal desafío será convertir ese diseño ambicioso en recursos, coordinación, interoperabilidad y capacidad profesional suficientes en todas las islas.
La ley seguirá ahora su trámite administrativo habitual hasta ser aprobada en Consejo de Gobierno y ser remitida al Parlamento para su aprobación antes del final de esta legislatura.
Renta Canaria de Ciudadanía
El Consejo General de Servicios Sociales también ha informado favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, una norma trascendental que permitirá reforzar el acompañamiento social de las personas beneficiarias y avanzar hacia un modelo centrado en la inclusión y la autonomía personal.
Este desarrollo reglamentario completa uno de los aspectos esenciales previstos en la Ley 5/2022, al establecer los procedimientos y herramientas que permitirán a los servicios sociales diseñar itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.
El reglamento no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla los instrumentos necesarios para hacer plenamente efectivo el derecho reconocido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, reforzando el papel de los servicios sociales como eje del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.
Entre las principales novedades del reglamento destaca la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico para valorar la situación de vulnerabilidad de cada persona; del Plan de Atención Personalizado, que fijará objetivos y actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y laboral; y del informe social acreditativo, documento que servirá de soporte técnico para la concesión, seguimiento, revisión o, en su caso, extinción de la prestación.
Asimismo, la futura norma desarrolla los supuestos excepcionales previstos en la ley para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas que atraviesen situaciones de urgencia o emergencia social o circunstancias sobrevenidas que justifiquen una respuesta inmediata por parte de la Administración.
El reglamento también establece mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas en la gestión de los servicios sociales, así como modelos normalizados para la elaboración del diagnóstico social, los planes personalizados, los convenios de inclusión y los informes sociales, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el territorio de Canarias.
Además, incorpora un enfoque transversal de protección de los colectivos más vulnerables. En este sentido, contempla medidas específicas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, menores y familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+, integrando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social.
Tras su paso por el Consejo General de Servicios Sociales, el texto continuará su tramitación administrativa, incluyendo los correspondientes periodos de información pública y audiencia antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.
Otros asuntos
Durante el Consejo también se conocieron los decretos de acreditación y centros de dependencia y el que regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la libertad sexual, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias es el máximo órgano consultivo y de participación social de la comunidad autónoma en esta materia. Su objetivo principal es fomentar y facilitar la participación activa de las administraciones públicas, colectivos de usuarios, profesionales del sector, entidades de iniciativa social y agentes socioeconómicos. A través de esta colaboración, el órgano busca intervenir directamente en la determinación, planificación, implantación, seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión del sistema público de servicios sociales de las islas.
La estructura organizativa y de componentes del Consejo está encabezada por la Presidencia, a cargo de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y una Vicepresidencia. Sus vocalías se dividen en tres grandes bloques representativos: las Administraciones Públicas (incluyendo direcciones generales, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de la Salud y delegaciones de cabildos y municipios); las organizaciones de usuarios, entidades del Tercer Sector y colectivos sociales (como drogodependencias, infancia, discapacidad, mayores y colectivos LGBTI); y, finalmente, el bloque de colegios profesionales (trabajo social, psicología, educación social, politología), organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, contando además con una secretaría técnica.
