La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca el avance gracias a la creación de la Dirección General de Discapacidad y los decretos-leyes aprobados el pasado año
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado hoy (miércoles 17) la mejora en la valoración y resolución de expedientes de discapacidad en Fuerteventura gracias a las reformas impulsadas por el Gobierno de Canarias para modernizar y agilizar un sistema que durante años acumuló importantes retrasos.
Así lo expuso Delgado durante la comisión de Derechos Sociales celebrada en el Parlamento, donde destacó que en Fuerteventura “se ha pasado de resolver 93 expedientes en el segundo semestre de 2023 a 839 expedientes en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 792,5 % y multiplica por casi nueve la capacidad de resolución administrativa. Además, en apenas los primeros meses de 2026 ya se han superado ampliamente las cifras registradas durante todo el año 2025, evidenciando una mejora tangible y medible del sistema”. En relación con los tiempos de tramitación, los datos reflejan que el plazo transcurrido entre la última cita registrada y la resolución del expediente se sitúa en 33 días para los primeros reconocimientos, 38 días para las revisiones de reconocimiento y 20 días para las revisiones por fecha de validez.
Delgado recordó que al inicio de la legislatura, la gestión de la discapacidad en Canarias presentaba demoras graves, importantes desigualdades territoriales y una estructura administrativa insuficiente para responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía. En algunos casos, las personas solicitantes debían esperar varios años para obtener el reconocimiento de su grado de discapacidad, requisito imprescindible para acceder a derechos, prestaciones, recursos, ayudas, empleo o medidas de protección.
“Para revertir esta situación, Fernando Clavijo adoptó decisiones de carácter estructural como ha sido la creación de la Dirección General de Discapacidad que dirige Dulce Gutiérrez e impulsó una reforma normativa mediante los decretos-leyes aprobados en 2025, orientada a agilizar los procedimientos, ampliar los supuestos de prioridad, facilitar las valoraciones documentales cuando proceda y reducir cargas administrativas innecesarias”, señaló Delgado.
Colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y el Servicio Canario de la Salud
Fuerteventura forma parte también de la mejora general registrada en las islas no capitalinas, donde el sistema se encuentra ya dentro del plazo legal de 180 días, evitando la generación de listas de espera y corrigiendo una desigualdad territorial que históricamente afectaba a quienes residían fuera de las islas capitalinas.
Con el objetivo de consolidar estos avances durante 2026, se mantienen y refuerzan diversas líneas de actuación. Entre ellas destaca la consolidación del nuevo modelo organizativo de la Dirección General de Discapacidad, la aplicación del nuevo marco normativo para agilizar valoraciones y la colaboración con el Servicio Canario de la Salud mediante un convenio financiado por la Consejería de Bienestar Social con una dotación aproximada de 2,5 millones de euros. Este acuerdo permite incorporar profesionales específicamente formados en el nuevo baremo de valoración y aprovechar mejor la información clínica disponible, reduciendo duplicidades, carga administrativa y tiempos de resolución.
Asimismo, se mantiene la cooperación institucional con el Cabildo de Fuerteventura a través del convenio suscrito para financiar la incorporación de personal técnico encargado de la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirven de base para la valoración del grado de discapacidad.
La Dirección General de Discapacidad mantiene además en la isla medios personales propios, entre ellos una facultativa médica responsable de la valoración sanitaria y una jefa de negociado encargada de la gestión administrativa de los expedientes, garantizando un equipo estable para la tramitación de procedimientos de reconocimiento, revisión y reclamaciones previas.
