Así lo ha expuesto en el primer pleno del Parlamento para debatir la norma que regulará por primera vez por ley esta actividad en las islas
La consejera pidió a los diputados “no perder de vista que estamos diseñando el modelo turístico de Canarias para los próximos diez años”
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, compareció este viernes en el Parlamento de Canarias en el debate de la primera lectura de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. De León expuso que el objetivo de esta Ley es “dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos, clarificando el régimen competencial, así como luchar contra el caos existente”.
Por este motivo, anunció, que no se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que, en un plazo de cinco años, los ayuntamientos definan cuántas, cómo y dónde las quieren. “Y que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable para impedir que afecte a la convivencia de los ciudadanos”, señaló.
La futura Ley fija límites estableciendo el 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística. En el caso de las islas verdes, se respeta la singularidad y se establecen los porcentajes en un 80/20. “Se ordena por distrito, por pueblos y por barrios”, afirmó Jéssica de León, “para adaptarse a la realidad de cada zona con bisturí, como están haciendo el resto de las ciudades de España”, precisó.
Además, el texto prohíbe la comercialización de Vivienda de Protección Oficial; se fija que la vivienda de nueva construcción se quede en el mercado diez años como vivienda antes de convertirse en activo turístico, y se impide que las parcelas residenciales se sigan llenado de hoteles, “que no son hoteles, porque pidieron licencia como viviendas”, puntualizó la consejera.
De León se dirigió a los diputados para afirmar que “es evidente que poner límites a esta actividad turística no va a solucionar el problema de vivienda. No es esa nuestra intención”. Recordó que “es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero que no es ilimitado y que es competencia de la administración evitar la especulación del suelo residencial”.
De León enumeró algunas iniciativas necesarias que “pasarían por construir más vivienda; proteger al propietario y no al okupa; ayudar al pago del alquiler; poner suelo a disposición; tramitar de forma más ágil las licencias, pero también, y es la intención de esta ley, es que ese parque de viviendas no acabe en su totalidad en el vacacional. Y que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable e impedir que se afecte a la convivencia de los ciudadanos”, argumentó.
Como ejemplo, la consejera se refirió a que “entre La Oliva, Arona y Yaiza se ofertan ahora mismo 3.700 anuncios de viviendas vacacionales y sólo 240 viviendas para alquilar a larga duración en los tres principales portales inmobiliarios”. Además, prosiguió, “sólo tres de las 240 viviendas ofertadas en total están en un precio que va entre los 600 y 800 euros del alquiler. Y el resto, superan los 1.000 euros”.
La consejera de Turismo ofreció datos del crecimiento de la vivienda vacacional en el archipiélago desde 2021, “un 57% y los precios un 52%”, pero fue clara al afirmar que no es culpa de los propietarios, “esa no es la reflexión. La reflexión es que también aquí hay que equilibrar el mercado”, manifestó.
Se refirió al número de viviendas vacías en Canarias, 211.000 en 2021 y dio datos de algunos municipios como Betancuria con el 40% de las viviendas vacías o en Artenara con el 30%.
Jéssica de León defendió que la ley pone límites como dictamina la Unión Europea o el Tribunal Supremo, que, en su dictamen, afirma que “las Administraciones públicas deben evitar la desertización y gentrificación, por alterarse la forma de vida de los residentes”.
Además, se refirió a los problemas de trabajadores que se tienen que ir a vivir a 40 km de su trabajo como profesores, guardias civiles o profesionales sanitarios, así como a la dificultad de las empresas que no encuentran personal o la reconversión de locales comerciales a vivienda vacacional por el incremento de precios de la zona.
La consejera de Turismo y Empleo fue clara, sin embargo, al señalar que “esta modalidad también es necesaria para la oferta en Canarias” y afirmó que quien ejerce hoy la actividad y cumple el decreto actual podrá continuar ejerciendo esta actividad”.
Por último, la consejera pidió a los diputados “no perder de vista que estamos diseñando el modelo turístico de Canarias para los próximos diez años, que tendrá que basarse en la competitividad, la rentabilidad, la creación de empleo, pero, sobre todo, en la convivencia”, señaló.
Jéssica de León concluyó señalando que “los canarios queremos que nuestros barrios y nuestros pueblos se parezcan a Canarias y a su gente” y advirtió que el turismo rural se muere porque no puede competir” pero también defendió que “la ley piensa en el pequeño propietario que ejerce la actividad, que es buena si está bien regulada y que ayuda a muchas economías familiares”.
La consejera de Turismo y Empleo finalizó afirmando que, en la regulación de la Ley del Uso Turístico de la Vivienda, “solo hemos pensado en Canarias y en el futuro de los canarios”.
