La Autoridad Portuaria de Las Palmas reforzará la seguridad, la supervisión operativa y la explotación portuaria gracias a la contratación de sistema integral de videovigilancia más completo. El Consejo de Administración celebrado este jueves ha dado luz verde a la apertura de este expediente, con el objetivo de ampliar y modernizar el actual sistema, lo que permitirá mitigar riesgos y asegurar un nivel adecuado de protección de la Autoridad Portuaria de Las Palmas como infraestructura esencial teniendo en cuenta el escenario geopolítico actual. El presupuesto base de licitación para este contrato asciende a 4,8 millones de euros.
Además, el Consejo aprobado la apertura del procedimiento para el suministro, implantación, soporte y mantenimiento de una ‘Plataforma Port Control’ destinada al Centro de Control de tráfico marítimo portuario por un presupuesto base de licitación de 601.462 euros.
En cuanto a los informes de Presidencia, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha informado a los consejeros acerca de la ejecución del desahucio del Centro Comercial Sotavento. El pasado 15 de junio se procedió a la entrada en los locales vacíos y zonas comunes, recuperando así la posesión de dichas zonas. Dentro del inmueble aún quedan una serie de locales ocupados por otras tres empresas: el restaurante Allende y la tienda de submarinismo FIFO (en ambos casos, la Autoridad Portuaria está a la espera de recibir la autorización judicial para proceder al desalojo forzoso), y las oficinas de Canarias Óptima Profesional S.L, (en este caso, el procedimiento de desahucio se encuentra en tramitación). En este último caso, el Consejo ha delegado en la Presidencia de la Autoridad Portuaria para resolver el procedimiento de desahucio administrativo, lo que permitirá garantizar la resolución de dicho procedimiento dentro del plazo legalmente establecido.
La Autoridad Portuaria ha procedido también al desahucio administrativo del dominio público portuario de otra embarcación que está ocupando sin autorización el puesto de amarre en la Dársena de Embarcaciones Menores y no ha atendido al requerimiento previo de desalojo. Hasta la fecha, el Consejo de Administración ha acordado el desahucio de 37 embarcaciones.
El Consejo ha desestimado cuatro recursos de alzada interpuestos por los propietarios de cuatro embarcaciones contra la resolución del director de la Autoridad Portuaria denegando autorización de uso de puesto de amarre en el Muelle Deportivo, por haber quedado acreditado que utilizan la embarcación como vivienda, uso residencial no permitido en el dominio público portuario.
En el apartado de concesiones, la Confederación Canaria de Empresarios solicitó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el Consejo de Administración de mayo que revisara los tráficos mínimos exigidos a las terminales de contenedores que manipulan mercancías, en aras de garantizar el suministro de éstas en la isla de Gran Canaria. La Autoridad Portuaria determinó que los tráficos que supondrían un riesgo de falta de aprovisionamiento a la población son aquellos denominados “de cabotaje”. Así, se analizaron los tráficos de las terminales de contenedores de Gesport Terminal Marítima, S.L. y La Luz, S.A., que son quienes manejan ese tráfico, y se hará lo mismo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde el tráfico también es de cabotaje.
Tras el análisis realizado, la Autoridad Portuaria ha propuesto al Consejo de Administración reducir el tráfico mínimo anual en un 17%. Los consejeros han dado el visto bueno a dicha modificación, que se fundamenta en la alteración sobrevenida de las condiciones económicas y de mercado que sirvieron de base al otorgamiento de las concesiones de Gesport y La Luz, derivadas, entre otros factores, del impacto estructural de la pandemia Covid-19 y de la inestabilidad geopolítica internacional, que han afectado de forma significativa a los tráficos marítimos y a su previsibilidad.
En otro orden de cosas, los consejeros han aprobado también la denominación del paseo marítimo situado ente el Arsenal Militar y el Muelle de Santa Catalina como ‘Paseo Marítimo Félix Juan Bordes Caballero – Arquitecto’. La propuesta se ha llevado al Consejo previa solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, Calzada ha presentado a los consejeros el informe definitivo de Auditoría Interna realizada a la Fundación Puertos de Las Palmas por parte de Puertos del Estado. Así, la presidenta ha puesto en conocimiento de los consejeros las medidas adoptadas que emanan de la Orden Ministerial del año 2013 que mandataba que la Fundación debería dejar de ser parte del sector público estatal.
Por otro lado, los consejeros han aprobado prorrogar por un año más el convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Minerva Combustible Las Palmas, S.A. en materia de buenas prácticas ambientales para regular el acceso a la bonificación de la tasa de actividad.
Finalmente, la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha sumado a la petición de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores García, y del alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, de transmitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la preocupación por la situación en la que quedaría la ruta marítima entre Las Palmas y Fuerteventura si se elimina la OSP que existe actualmente y que caduca este próximo 30 de junio.
