Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La exconsejera de Educación Manuela Armas se considera responsable de dos contratos de emergencia para comprar mascarillas para colegios y evitar que «los niños muriesen» pero no «de otras cosas» que tampoco cuestionó, pues tenía plena confianza en el presidente Ángel Víctor Torres y el resto del Gobierno, «y dejé en sus manos» esa cuestión.
Manuela Armas ha señalado, durante una comparecencia en la comisión que en el Parlamento de Canarias investiga la compra de material sanitario durante la pandemia, que asistió a reuniones del comité de gestión tras su nombramiento, el 22 de junio de 2020, y cuyas decisiones trasladaba al Consejo de Gobierno el presidente Torres.
Además, dentro de la Consejería de Educación se creó otro grupo de técnicos con participación de la Dirección General de Salud Pública para tener información diaria del número de casos de coronavirus y así decidir si se cerraba una clase o no, y Manuela Armas ha señalado que había una coordinación permanente y absoluta.
En cuanto al comité de gestión, ha subrayado que la situación era «novedosa e incierta» y, por lo tanto, ante la necesidad de tomar decisiones difíciles «cuanto más asesoramiento, mejor».
A preguntas de la diputada de NC-BC Esther González ha señalado la exconsejera que estuvo en algunas reuniones del comité de gestión pero nunca se hablaba de otras cosas que no fueran de asesoramiento técnico.
«Había incertidumbre, desconcierto y angustia. Fueron momentos muy complicados y ahora parece que todo era fácil, pero al Gobierno le tocó poner las condiciones», ha proseguido Armas, quien ha indicado que «ninguna comunidad lo hizo mejor que nosotros», por lo que animó «a sacar pecho».
En cuanto a si en el comité de gestión se comentó la dificultad de adquirir material sanitario, ha respondido que «nunca» y tampoco se mencionaron los nombres de las empresas proveedoras, para añadir que, en el caso particular de Educación, se realizaron dos contratos de emergencia, uno por 12.000 euros y otro por 110.000, para la compra de material para personal no docente y de administración.
Los colegios nunca expusieron que tuvieran problemas para acceder a este tipo de material y además los niños traían la mascarilla desde su casa, por lo que en los centros había remanentes por si se les rompían o se las olvidaban, pero el material que se compraba era «muy poco», ha añadido.
En la pandemia se continuó trabajando con el sistema de libramiento de fondos a los centros para que fueran ellos los que adquiriesen el material que necesitaban, en este caso mascarillas y gel hidroalcohólico, y lo administraban en función de sus necesidades, ha continuado la exconsejera.
En respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván, ha señalado que no tenía conocimiento de los proveedores Soluciones de Gestión, RR7 y Megalab, sino que se enteró por la prensa de las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario, al tiempo que señaló al parlamentario que «está suponiendo cosas que todavía no están demostradas» judicialmente.
«Parece que hay un golfo que no entrega las mascarillas y luego resulta que la golfa soy yo por no recibirlas», ha ironizado Manuela de Armas, para apostillar que en el Gobierno «todos hicieron lo mejor que pudieron» y ha cuestionado que, si no utilizan los contratos de emergencia en una pandemia, «cuándo es la emergencia entonces».
En el Consejo de gobierno no se debatía sobre proveedores
Ha insistido en que nunca en las reuniones del Consejo de Gobierno se debatió sobre las empresas a las que se compraba el material sanitario o si había dificultades en este ámbito, ha añadido que «todo el dinero que se gastó era justo y necesario» y ha subrayado que cómo iba a cuestionar las compras «si se trataba de salvar vidas».
Al diputado popular Fernando Enseñat le ha indicado que en los consejos de gobierno se habla «de todo» y cada Consejería expone sus expedientes de gastos, de los que cada una es responsable, pero «nunca» se mencionó a los proveedores ni ella tenía por qué mirar los expedientes de Sanidad «porque todos vienen con un informe fiscalizado».
Sí recuerda que en el Consejo de Gobierno «se comentó» la primera difusión en un medio de comunicación de las presuntas irregularidades en este ámbito «pero las deliberaciones del consejo son secretas», ha expuesto Armas, mientras que al diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez le ha indicado que no tiene «ni idea» de si el pago de 4 millones de euros a RR7 se hizo o no con cargo a fondos europeos.
En el Consejo de Gobierno «se llevaban expedientes de dación de cuentas y ya está», ha señalado al diputado socialista Marcos Hernández, a quien ha recordado que no durmió durante una semana por las medidas para la vuelta a las clases presenciales y ha subrayado que de estos asuntos es de lo que se hablaba «mucho» en el comité de gestión y en el Ejecutivo. EFE
