Una pareja de emigrantes peruanos residentes en Fuerteventura ha conseguido ganar la batalla legal para que España conceda la nacionalidad a su hijo mayor sin exigirle el examen de conocimiento político y cultural del país, un requisito habitual para estos casos, pero que parecía infranqueable para un joven con un 71 % de discapacidad intelectual.
«¡Soy ciudadano español peruano!». Por los pasillos de la notaría de Puerto del Rosario donde acaba de jurar la Constitución, Jesús, de 35 años, no para de sonreír y de dar las gracias a todo el que se encuentra. También sonríen sus padres, Jesús y Nancy, dos emigrantes peruanos que se mudaron de Lima a España hace dos décadas.
Entonces, se subieron al avión con la única intención de garantizar un futuro para sus tres hijos, entre ellos Jesús, un muchacho que al poco de nacer sufrió una meningitis que le produjo secuelas físicas y un retraso mental.
Un viaje largo y tedioso
Jesús llegó a Fuerteventura el 6 de diciembre de 2014, con sus padres ya instalados en la isla. Desde entonces, su madre no ha parado de luchar para que obtenga la nacionalidad española. Llegó primero César, el hijo pequeño, pero cuando lo intentaron con Jesús se toparon con que los ingresos del hogar, donde solo entraba una nómina, no daban para reagrupar a la familia.
Con el tiempo, Nancy empezó a abrirse camino en España: logró un contrato de trabajo, el permiso de residencia y, años más tarde, la nacionalidad. El último paso fue que Jesús viajara a Canarias.
Solicitaron la nacionalidad también para él, pero el Ministerio de Justicia les comunicó en marzo de 2024 que no le dispensaba de someterse al examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España que realiza el Instituto Cervantes, porque consideraba que su discapacidad «no es causa suficiente«.
Ese examen, de 25 preguntas, sondea si el candidato a la nacionalidad está ya tan integrado en el sistema político y la cultura del país como para saber, por ejemplo, que en España son legales los matrimonios del mismo sexo, así como para asociar acueducto con Segovia o chirigota con carnavales de Cádiz.
Pero también hay otras muchas preguntas menos obvias para quien llega de fuera, como estas: «¿Cuántas provincias tiene España? ¿Quién compuso ‘El amor brujo’? ¿Cuántas firmas, como mínimo, deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley?
En todo este tiempo, Nancy ha contado con el asesoramiento de la asociación Entre Mares. La técnica del Servicio de Atención e Información a las personas Migrantes de Fuerteventura, María Greco, explica cómo, tras denegar la dispensa del examen, se le trasladó la posibilidad de «acceder a las pruebas adaptadas que el Instituto Cervantes tiene para las personas con algún tipo de discapacidad, como sordomudas, ciegas y analfabetas de origen«.
Sin embargo, entre las situaciones excepcionales reconocidas por la normativa no aparece la discapacidad intelectual, por lo que Entre Mares elevó una queja al Defensor del Pueblo y recurrió.
La media surtió efecto y Jesús quedó exonerado de pasar por el examen, pero «eso no significaba que le dieran la nacionalidad, porque el expediente siguió su tramitación«. Ha sido ahora, el 13 de febrero, cuando Jesús ha recibido la notificación de que se le concede la nacionalidad española por residencia.
«Ha pasado un año desde que interpusimos la queja y presentamos los recursos, lo que demuestra que las administraciones están muy alejadas de la realidad y tardan mucho en resolver cuestiones que son palmarias y notables”, lamenta María Greco.
Un mes después de recibir la resolución del Ministerio de Justicia, Jesús juraba la nacionalidad española en una notaría de Puerto del Rosario junto a sus padres. Esa mañana Nancy se despertó «con mucha alegría» y empezó a cocinar arroz con pollo y papas a la huancaína, un plato típico de Perú y el favorito de Jesús.
UNA NOTICIA DE ELOY VERA (AGENCIA EFE)