El Gobierno de Canarias creará una guía de buenas prácticas a partir de las aportaciones de ONG y tercer sector en la jornada ‘Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida’ celebrada en Madrid
Alrededor de 50 entidades sociales, administraciones públicas y organismos internacionales que participaron este jueves en la jornada “Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida”, organizada por el Gobierno de Canarias en Madrid, coincidieron en la urgencia de reforzar la colaboración interadministrativa como condición imprescindible para facilitar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y garantizar su plena integración social.
La jornada se desarrolló en dos bloques. Por la mañana se celebró una mesa redonda centrada en el análisis del contexto actual, con la intervención de la responsable de Infancia no acompañada de Acnur, Margarita de la Rasilla; el intérprete en ACCEM y mediador maliense Aboubacar Dramen y la abogada especialista en infancia y migraciones en Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández. El diálogo estuvo moderado por el delegado de la Agencia EFE en Canarias, José María Rodríguez. Ya por la tarde, los participantes se organizaron en siete mesas de trabajo simultáneas, donde abordaron cuestiones clave del sistema de protección.
En esos espacios de reflexión se trató el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento -residencial, familiar o por reunificación- y la realidad de la infancia separada. También se analizaron los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y el reparto de menores entre territorios, en el marco del Real Decreto Ley 2/2025 y del reciente auto del Tribunal Supremo. En total, participaron más de 90 personas en estos espacios de diálogo.
En todas las mesas se insistió en que la gestión de la infancia migrante debe ser compartida entre todas las administraciones, y se citó de forma reiterada como ejemplo de buena práctica la respuesta articulada que se dio a la llegada de población desplazada por la guerra en Ucrania. Las entidades señalaron que es urgente trasladar ese modelo de cooperación eficaz al contexto actual de llegada de menores migrantes no acompañados de países como Mali, Senegal, Mauritania o Marruecos.
Una de las acciones que consideraron fundamental en la atención a estos niños y niñas es dotar al sistema de protección de menores de recursos económicos y humanos suficientes como para prestar una atención individualizada. Asimismo, instaron a las administraciones a acordar un sistema de indicadores único que permita identificar las vulnerabilidades de la infancia migrante y actuar sobre ellas.
Perspectiva de género y de infancia
Entre las propuestas más concretas, se subrayó la necesidad de aplicar perspectiva de género y de infancia en las distintas fases del sistema de protección, reconociendo las dificultades específicas que enfrentan las niñas migrantes y su exposición a violencias múltiples en su proceso migratorio.
También se reivindicó un cambio de las prácticas de determinación de la edad, con enfoque garantista, y verdaderamente respetuoso con los derechos de la infancia. “El trato no siempre es el correcto, porque no es amigable. Es importante, igualmente, dar formación no solo a los técnicos de las áreas de infancia de las distintas administraciones, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, recalcaron algunos de los representantes de las organizaciones del tercer sector.
De forma transversal, se reclamó que se escuche activamente a los niños y niñas, se atiendan sus necesidades reales y se garantice siempre la preservación de su interés superior como principio rector.
Recursos para salud mental, más intérpretes y asesoramiento jurídico
Para abordar los problemas de salud mental que afectan a los niños y niñas migrantes no acompañados, las entidades participantes subrayaron la importancia de incorporar un enfoque transcultural en las intervenciones, así como de utilizar herramientas lúdicas y adaptadas a sus realidades como vía para facilitar la expresión emocional y la reparación del daño.
Entre las propuestas concretas planteadas, destacó la creación de unidades móviles de atención en salud mental, que permitan llegar a los menores allí donde se encuentren. Asimismo, se insistió en la necesidad de aumentar la disponibilidad de intérpretes y mediadores culturales, y de garantizar un acompañamiento jurídico especializado durante todo el proceso de atención y protección.
El Gobierno de Canarias recogerá las aportaciones realizadas durante las mesas de trabajo en un documento de síntesis que funcionará como guía de buenas prácticas, con el objetivo de reforzar los estándares de protección y la coordinación institucional en todo el Estado. De esta forma, el Ejecutivo aspira a que todos los territorios a los que se dirigirán parte de los menores que ahora acoge el archipiélago cuenten con la experiencia acumulada de las entidades que llevan años trabajando sobre el terreno.
Esta iniciativa se enmarca en una amplia batería de actuaciones implementadas por el Gobierno de Canarias en los últimos dos años de cara a dar una respuesta de Estado a las personas que migran, especialmente a aquellas que son menores de edad y que carecen de apoyos familiares.
En esa línea, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su intervención del jueves por la mañana destacó que “la gestión de la infancia migrante no acompañada no puede recaer en una sola comunidad autónoma; hablamos de una responsabilidad compartida que exige el compromiso de todas las instituciones para garantizar sus derechos y su futuro”.
La jornada contó también con la participación del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y con la presencia de organizaciones especializadas que trabajan sobre el terreno en distintas comunidades autónomas.
