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La alcaldesa Carolina Darias ha dado a conocer las principales líneas de estas iniciativas, que se someterán a consulta pública y participación ciudadana como paso previo a su redacción definitiva.
La nueva normativa refuerza el compromiso municipal con la higiene urbana y contempla un aumento en las sanciones para fomentar una gestión más responsable de los residuos, así como para mejorar la calidad del entorno urbano.
La ordenanza establecerá sanciones de hasta 750 euros por tirar chicles, colillas y papeles en espacios públicos, o por no recoger las deposiciones de animales; además, podrá imponer multas de hasta 3,5 millones de euros por el abandono o vertido incontrolado que afecte gravemente la salud de las personas o el medio ambiente.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha la primera Ordenanza sobre Higiene Urbana del municipio y el primer Plan para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, dos documentos que se someterán a consulta pública y participación ciudadana como paso previo a su redacción y aprobación definitiva.
Carolina Darias, junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, han presentado las líneas generales de estos dos documentos, que estarán en exposición pública próximamente para que la ciudadanía pueda conocer el borrador y presentar alegaciones.
La alcaldesa ha subrayado que estas iniciativas suponen “un avance significativo para la mejora de la higiene urbana y de la calidad de vida en nuestra ciudad”. Además, ha insistido en que ambos instrumentos “responden a una visión compartida que entiende la higiene urbana como un elemento esencial del bienestar colectivo y de la salud pública”.
En cuanto a la ordenanza, ha señalado que pone énfasis en la concienciación y sensibilización ciudadana, explicando que la nueva regulación será “un marco normativo mucho más claro en consonancia con todas las ordenanzas municipales”.
Con la aprobación de esta primera Ordenanza sobre Higiene Urbana, el Ayuntamiento establece un nuevo marco sancionador en materia de residuos, de acuerdo con lo tipificado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Esta normativa refuerza el compromiso municipal con la higiene urbana y contempla un aumento en las sanciones para promover una gestión más responsable de los residuos y mejorar la calidad del entorno urbano.
Darias ha enumerado algunas de las infracciones recogidas en la Ordenanza, que se dividen en leves, graves y muy graves. Estas infracciones incluyen sanciones por conductas como tirar colillas o papeles fuera de las papeleras (hasta 750 euros), abandonar deyecciones de animales en la vía pública (hasta 750 euros), el vertido incontrolado en la vía pública (de 2.001 a 100.000 euros) o los vertidos que afecten gravemente a la salud pública o al medio ambiente (hasta 3,5 millones de euros).
Por su parte, el concejal Héctor Alemán ha explicado que la Ordenanza de Higiene Urbana “es un instrumento normativo que adapta la legislación europea y estatal al ámbito municipal, con el objetivo de garantizar una ciudad más limpia, cuidada y saludable”.
La normativa se estructura en cuatro títulos y recoge tanto las obligaciones de la ciudadanía y de los agentes económicos como las competencias de la administración local en materia de limpieza y gestión de residuos.
En concreto, la ordenanza regula la limpieza de los espacios públicos y las condiciones de uso común por parte de la ciudadanía y de quienes cuenten con licencias de ocupación, así como las obligaciones de las personas físicas y jurídicas que generen residuos de competencia municipal en el término de Las Palmas de Gran Canaria, y las condiciones de entrega de los residuos a los servicios municipales de recogida, con especial énfasis en la separación por fracciones en origen.
Respecto al Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (PGERS), Alemán ha señalado que este documento “actúa como hoja de ruta operativa para implementar la ordenanza en la vida diaria de la ciudad”. El plan establece los principios rectores, objetivos y acciones que deben asumir tanto las administraciones como los diferentes agentes sociales, económicos y ciudadanos.
Entre sus líneas principales, el PGERS prevé el impulso de la colaboración público-privada en la gestión de los residuos, la implicación activa de la ciudadanía mediante campañas de sensibilización, sistemas de incentivos y educación ambiental, así como la evaluación y mejora continua de los sistemas técnicos y organizativos de prestación del servicio.
Darias ha concluido su intervención recordando que “la higiene urbana es una responsabilidad compartida” y que su futuro “dependerá tanto de las nuevas normas, que ahora abrimos a consulta pública, como de la ejecución de los nuevos contratos de limpieza y de recogida de residuos, que incorporarán tecnologías más modernas y eficientes”.
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