Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutará en 2026 un presupuesto de 386.733.622 euros, un 5,12% más que este año, dedicado fundamentalmente a justicia y al despliegue de la Policía Autonómica en todas las islas, pero que la oposición ve «inmovilista» e insuficiente para modernizar la administración.
La titular del departamento, Nieves Lady Barreto, ha expuesto este miércoles en comisión parlamentaria las partidas fundamentales de su proyecto presupuestario para 2026, centrado en la seguridad pública y el compromiso con el despliegue territorial de la Policía Canaria, cuya partida aumenta en un 21,3% hasta un total de 28.162.024 euros.
También se reforzarán los procesos selectivos de dicho cuerpo y de las policías locales, así como en la formación que imparte la Academia Canaria de Seguridad, cuya partida se incrementa en un 103,5% por ciento, y una cifra de 4.714.184 euros, con motivo de las mejoras previstas para que pueda albergar más efectivos.
Barreto ha indicado que el grueso de su partida presupuestaria se adjudicará al área de Justicia, que aglutina el 56,7% del total y 210.383.264 euros (un 6,29% más), para arrendamientos, seguridad y limpieza y la asistencia jurídica gratuita, que recibirá 24 millones.
Entre las infraestructuras judiciales prioritarias, la consejera ha citado las inversiones en el Palacio de Justicia de Fuerteventura, edificio judicial en Santa Cruz de La Palma, San Bartolomé Tirajana y el edificio Auditorio en Santa Cruz de Tenerife.
La Viceconsejería del área gestionará 1.635.908 euros (un 8,45% más) para asuntos como la celebración del V Centenario de la Justicia en Canarias, el mantenimiento de 10 puntos de encuentro familiar y la memoria histórica.
La Viceconsejería de Administraciones y Transparencia gestionará por su parte 2.590.757 euros, lo que implica un descenso en un 0,48%, mientras que Función Pública incrementa sus cuentas en un 9,76% y 17.696.293 euros, y para modernización de la administración y servicios públicos se destinarán 5.361.366 euros (un 18,32% más).
Al área de Transparencia y Participación Ciudadana se destinarán 1.655.242 euros (un 6,21% más) que, entre otros cometidos, tiene asignados el de iniciar la gestión del proceso electoral de 2027.
Para la recuperación de La Palma se han asignado 52.564.923 euros (0,17% más), de los que 50 millones se destinarán a compensar daños patrimoniales por la erupción volcánica y 1.900.000 euros a la oficina de atención a los afectados.
Por su parte el Instituto Canario de Administración Pública recibirá 3.303.070 euros (0,95% más), la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento 41.496.249 euros (2,95% de incremento) y la Secretaría General Técnica 6.808.736 euros (18,72% de aumento).
Para la diputada socialista Rosa Bella Cabrera se trata de un presupuesto que crece en cifras pero no en compromiso ni justicia social, se «disuelve» y no supone «un proyecto transformador sino un ejercicio contable que mantiene a la Comunidad en el inmovilismo».
Cabrera ha criticado que se «dispara» el gasto en personal sin que se evidencie una administración más ágil, la falta de compromiso con la mediación en materia de justicia, donde a su juicio Canarias sigue «estancada» y la dotación «marginal e insuficiente» para la memoria democrática.
Para la nacionalista Jana González el presupuesto refleja «la sala de máquinas» del servicio público para una administración más cercana y accesible, y ha alabado el despliegue de la Policía Canaria en todas las islas y el compromiso «tajante y sin fisuras» con la reconstrucción de La Palma.
También Mónica Muñoz, del PP, se ha congratulado de la «expresión clara de prioridades y la visión política» con un presupuesto equilibrado, realista y coherente, que no busca protagonismo sino una visión de futuro para marcar una hoja de ruta clara a la administración, ha dicho.
Por el contrario Carmen Hernández, de NC-BC, ha objetado que no ve reflejadas en el presupuesto dos tareas fundamentales para la Comunidad Autónoma, la modernización y la mejora de la administración pública, sin una apuesta verdadera por la renovación de la plantilla para afrontar las jubilaciones venideras y sin «darle la vuelta como a un calcetín» para que sea moderna, ágil y eficaz.
Paula Jover, de Vox, ha discrepado de la orientación política de los presupuestos y ha cuestionado el despliegue de la Policía Autonómica, además de criticar «el sobredimensionamiento» del personal público y el incremento del gasto «político» con 40 millones para el Parlamento que, ha dicho, no resulta en beneficio para los ciudadanos.
Por la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos se ha mostrado satisfecho con unas cuentas que se centran en mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer la justicia y garantizar la seguridad.
Raúl Acosta, diputado del grupo Mixto por AHI, también ha elogiado el crecimiento «moderado pero sostenido» de las cuentas en áreas clave, aunque ha aludido a que en Justicia hay carencias estructurales en las infraestructuras, como ocurre en las dependencias judiciales de Valverde, y ha pedido a la consejera una visión territorial y equilibrada para que los medios de la administración lleguen a todas las islas. EFE
