Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La asociación Provivienda ha alertado este martes de que el 99 % de las inmobiliarias que operan en España aceptan a titulares de viviendas que discriminen su acceso a inmigrantes, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años.
Así lo ha expuesto el director de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, en unas jornadas por la igualdad y el acceso a mecanismos de protección organizadas por CEAR en Casa África, quien ha precisado que esta es una de las realidades que se plasman en el último informe de la entidad, publicado en mayo de este año con el título ‘Se alquila. Racismo inmobiliario’.
En Gran Canaria, esta organización logró en febrero que una inmobiliaria aceptase un laudo por el que indemnizó, por daños morales, con 4.000 euros a una mujer marroquí que denunció en su buzón las trabas que le pusieron para alquilar una vivienda.
Una práctica discriminatoria frente a la que se consiguió que esta persona tuviera preferencia para visitar los inmuebles para arrendar que esta entidad anunció en lo sucesivo. Además, esta organización logró que el personal de esta inmobiliaria aceptara hacer un curso de formación para evitarlas en el futuro, ha expuesto.
Rodríguez ha recalcado que el alquiler es la única alternativa habitacional para el colectivo migrante, que no puede acceder a la compra de inmuebles, dado los precios cada vez más altos que se registran en el mercado, y ha llamado la atención sobre la situación de los menores inmigrantes que dejan de serlo, ya que muchos acaban viviendo en la calle por la dificultad que encuentran para hacerlo bajo un techo.
En estas jornadas, el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha expuesto la necesidad de visibilizar que hay una realidad de discriminación que muchas veces pasa desapercibida por la infradetección o la infradenuncia de situaciones que obstaculizan el acceso a derechos a personas migrantes o del colectivo LGTBIQ+, a quienes «se atiende de otra manera» y que, además de en el ámbito inmobiliario, también ocurren en el sanitario o en el laboral.
No ocurre de la misma manera en los primeros niveles educativos, «ya que los niños tienen algo que hacen que el color y la diferencia racial no se vea: esa mente ingenua, abierta, franca, limpia que hace que se relacionen con personas, y no con seres de un color u otro», ha referido Lorenzo, quien ha apuntado que «a medida que vamos creciendo, todo se va fastidiando, en el sentido de que tenemos una serie de elementos que contaminan, quizás, nuestra pureza en la relación con las personas».
La directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno canario, Elisabet Santana, ha subrayado que esta región siempre ha sido un ejemplo de convivencia, acogida y solidaridad, ya que la diversidad es la que «nos hace fuerte como pueblo, aunque no siempre se valore, por lo que muchas personas siguen sufriendo discriminación».
Actuar contra ella es el compromiso que el Gobierno canario ha querido plasmar en su Plan de Inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, pendiente de aprobación, que incluye, entre sus medidas, la obligación de la Administración de «velar por el cumplimiento de derechos en igualdad de trato y condiciones».
Santana ha admitido que muchos casos de discriminación, relacionados con empadronamientos, acceso a la sanidad o a la vivienda, se dan, no porque un empleado público «haya recibido una instrucción política» determinada, sino, «simplemente por desconocimiento, porque la persona que atiende en un servicio de atención ciudadana sepa qué documentos debe pedir a la persona extranjera para poder indentificarla».
En estas jornadas, el director general de Casa África, José Segura, ha aludido al empeño de esta institución diplomática en «limpiar el espacio público de mentiras y eliminar la intoxicación que dificulta la convivencia».
Una labor en la que también trabaja la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno canario, cuya titular, María del Carmen de León, ha anunciado la próxima apertura, en ambas provincias, de oficinas de atención a las víctimas de delito, que reforzarán a la virtual que opera desde 2024.
Estas oficinas, dotadas de letrados, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos, brindarán asistencia integral a las víctimas de delitos.
La subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, ha insistido en que la población migrante enriquece a nuestra sociedad y la hace más productiva y ha admitido que «la integración plena de quien viene para quedarse sigue siendo una tarea pendiente en la que hay que trabajar para evitar guetos, algo en lo que está comprometida España».
La recién nombrada presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la fiscal especializada en delitos de odio María Teresa Verdugo, ha insistido en la necesidad de que los denunciantes expliciten las motivaciones que han rodeado a las discriminaciones de las que han sido objeto, ya que el Código Penal prevé agravantes específicas al respecto.
A su juicio, las infradenuncias, la falta de coordinación entre los órganos concernidos en la materia y la falta de sensibilización o conocimiento sobre estos delitos, además de la burocracia a la que se han de enfrentar las víctimas son aspectos a mejorar, por lo que se empleará a fondo en difundir los buenos protocolos que existen para que se conozcan mejor. EFE