Puertos Canarios desea trasladar, con ánimo de claridad y desde el respeto institucional al Ayuntamiento de Yaiza y al conjunto de administraciones implicadas, una serie de precisiones sobre la operativa de cruceros en el puerto de Playa Blanca.
La primera precisión es de carácter competencial. Puertos Canarios ha tramitado favorablemente, en el ámbito de sus competencias portuarias, las autorizaciones necesarias para que la escala de cruceros pueda realizarse en Playa Blanca, siempre condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que resulten exigibles en cada caso.
Esa autorización portuaria no equivale, sin embargo, a la confirmación automática de una escala. La decisión final sobre el atraque de un buque corresponde a la naviera, dentro de su propia programación, y depende también de los acuerdos que ésta cierre con los operadores, agentes turísticos y autoridades del destino para atender adecuadamente a los cruceristas durante su estancia.
En este punto conviene distinguir con claridad entre la disponibilidad de la infraestructura portuaria y la oferta de servicios en tierra. Puertos Canarios gestiona el espacio portuario y sus condiciones de uso, pero no sustituye a los municipios, cabildos, sociedades de promoción turística u operadores privados en la organización de servicios como recepción, transporte, excursiones, atención al visitante u otras prestaciones asociadas a la experiencia del pasaje.
Por ello, la colaboración del Ayuntamiento de Yaiza y del resto de agentes locales resulta esencial para consolidar Playa Blanca como escala atractiva, ordenada y plenamente integrada en el municipio. La captación y fidelización de escalas no depende solo del puerto, sino también de la capacidad del destino para ofrecer servicios, coordinación y una propuesta de valor a las compañías y a sus pasajeros.
Respecto al control fronterizo, Puertos Canarios recuerda que no se trata de un servicio portuario autonómico ni de una competencia del ente público. Cuando un crucero procede de un puerto no Schengen, como se ha indicado que sucedería con la escala prevista para el próximo 9 de noviembre al llegar desde Marruecos, la autorización de entrada y el despliegue de los controles fronterizos corresponden a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias y de los cuerpos y servicios estatales competentes.
Puertos Canarios colabora y colaborará, como siempre, con las administraciones competentes, facilitando la información técnica y la coordinación que resulte necesaria dentro de su ámbito de actuación. Ahora bien, la decisión sobre la habilitación o autorización de controles de frontera en una escala procedente de un país tercero no puede atribuirse al ente público portuario autonómico.
Del mismo modo, Puertos Canarios no ha dictado ninguna instrucción dirigida a impedir que Playa Blanca reciba cruceros ni a desplazar esa actividad a otro puerto. Si una naviera modificara una escala o condicionara su operativa, esa decisión deberá analizarse atendiendo a sus propios criterios comerciales, a los servicios disponibles en destino y, en su caso, a las autorizaciones estatales que resulten necesarias por razón del origen del buque.
En relación con la financiación europea vinculada a la ampliación del puerto de Playa Blanca, Puertos Canarios reitera que la infraestructura se ejecuta y se gestiona con arreglo a los fines públicos que la justifican: mejorar la conectividad, reforzar la operatividad portuaria y favorecer un uso ordenado y sostenible de la instalación. La existencia de trámites ajenos a la competencia portuaria, o de decisiones comerciales propias de una naviera, no altera por sí sola el cumplimiento de esos objetivos.
La entidad pública responderá por los cauces oficiales a la solicitud de información formulada por el Ayuntamiento de Yaiza y mantiene su disposición a tratar estas cuestiones en los espacios de coordinación que procedan, incluido el Consejo Asesor de Puertos Canarios si así se estima oportuno. El objetivo debe ser común: ofrecer información rigurosa, evitar confusiones y trabajar de forma coordinada para que Playa Blanca pueda aprovechar sus oportunidades portuarias y turísticas con seguridad jurídica, calidad de servicio y respeto institucional.
