Se considera que La Laguna ha retrocedido notablemente en cuanto a la separación entre lo público y lo religioso durante el actual mandato. Rubens Ascanio, concejal y coportavoz de Unidas Se Puede en La Laguna, solicitó la semana pasada una copia de los expedientes relacionados con los gastos municipales efectuados en la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis Nivariense. El propio ayuntamiento de La Laguna informó sobre la creación de un equipo de trabajo conjunto que incluía a responsables políticos y técnicos, tal como destacó el candidato a Obispo, quien subrayó «el esfuerzo que se está llevando a cabo en colaboración con el Obispado en la organización».
Entre las iniciativas planteadas por el consistorio se incluyó la instalación de «dos pantallas gigantes en las calles Bencomo y Deán Palahí con más de mil sillas». Desde la formación de la oposición se busca verificar estos expedientes y conocer el costo exacto de estas acciones para las arcas públicas. «Aunque no lo parezca, vivimos en un Estado aconfesional, por lo que el uso de recursos públicos y medios del Ayuntamiento para un acto eminentemente religioso resulta, cuanto menos, chocante a estas alturas del siglo XXI», expresa Ascanio.
El edil señala que, en comparación con el período anterior, «hay un evidente retroceso en la separación entre religión y política, no solo porque el gobierno en su totalidad participa en numerosas ceremonias religiosas, sino también por la manera en que eventos sociales y culturales, vinculados a las fiestas, vuelven a situarse dentro de espacios religiosos. Un ejemplo de esto son los pregones de San Benito o los de las fiestas de septiembre, algo que ni siquiera ocurría en los últimos años del franquismo». Se considera que el gobierno de PSOE-CC debe explicar el enfoque que ha dado a esta ceremonia, en la que, según señalan, la parte política «ha sido más que activa, no como invitados, sino como parte integral de la ceremonia, similar a lo visto en tiempos de Pérez Cáceres o Franco Gascón».
Rubens Ascanio comenta que, aunque comprende el interés y la relevancia del evento para muchas personas, «se trata de un acto claramente confesional, vinculado a una sensibilidad específica, celebrado en un espacio como la Catedral. Este edificio fue inmatriculado por el Obispado, recibió una inversión pública de más de doce millones de euros para su reapertura y actualmente genera ingresos significativos anuales a través de entradas. ¿No disponían ya de suficientes recursos para cubrir las necesidades logísticas por sí mismos? Parece extraño», añade.
Además, indica que, a pesar de las constantes menciones a las sentencias que permiten el cobro del IBI al Obispado por actividades económicas, «el PSOE ha rechazado categóricamente cualquier avance en este sentido, lo que hace aún menos comprensible la generosa colaboración que aparentemente han proporcionado a un evento privado como este».
