Durante la tercera sesión, celebrada en Tenerife, con la participación de los cabildos insulares, FECAM, el Seprona y la Policía Canaria
El borrador de modificación responde a la necesidad de corregir disfunciones detectadas por las administraciones públicas y operadores jurídicos
El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, ha celebrado en la isla de Tenerife el III Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias con la participación de los cabildos insulares. Se trata de un encuentro bianual que tiene como propósito realizar un diagnóstico de los recursos, tanto humanos como técnicos-administrativos, necesarios para desempeñar las funciones relacionadas con la gestión, conservación, accesibilidad y protección de los bienes culturales de las islas.
Este encuentro, en el que dio la bienvenida Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, y José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, contó con la asistencia de Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias; María Isabel de Esteban, directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife; Juan Sebastián López, director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria; Rayco León, consejero de Cultura, Patrimonio Cultural e Innovación del Cabildo de Fuerteventura; Rosa Elena García, consejera de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Gomera; Pablo Díaz Cobiella, consejero de Educación, Cultura, Patrimonio y Artesanía del Cabildo de La Palma; y Emilio Víctor Hernández, consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deporte junto con su respectivo personal técnico así como Norberto Betancor, miembro de la COmisión de Cultura y Deporte de la FECAM; Adolfo Cordobés, concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y agentes del Seprona y la Policía Canaria.
Como criterio general del consejo, apuntó Clavijo que «se ha evidenciado la necesidad de acometer la modificación de la Ley en diferentes aspectos, entre ellos, los relativos a los instrumentos, medidas y mecanismos de protección, cuyas carencias o defectos de regulación deben garantizar la protección de los bienes».
Proyecto de modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril
El Gobierno ha presentado ante el Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural —el proyecto de modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que pretende abordarse mediante Decreto-ley por el estado de necesidad y urgencia que necesita la protección del patrimonio. La presentación ha tenido lugar el mismo día en que se cumplen seis años exactos desde su aprobación en el Parlamento, marcando un momento simbólico para abordar los desafíos que ha planteado su aplicación práctica.
El texto, que afecta a más de medio centenar de artículos, responde a la necesidad de corregir disfunciones detectadas por las administraciones públicas y operadores jurídicos, mejorando la eficacia de los procedimientos, fortaleciendo las garantías jurídicas y facilitando la cooperación entre instituciones y ciudadanía. «Esta reforma representa una apuesta decidida por la protección activa y efectiva del legado cultural del Archipiélago», indicó Clavijo ante los medios de comunicación.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila agradeció al Gobierno de Canarias la confianza depositada en la Corporación insular para la celebración del Consejo y resaltó la importancia “ de poner en común todas las actuaciones que se están llevando a cabo desde distintos niveles de la administración pero sobre todo quería felicitar el trabajo y la coordina realizada con el Gobierno de Canarias y la importancia de la modificación de la Ley de Patrimonio que será fundamental para agilizar determinados procedimientos que pueden ser un obstáculo para la protección del Patrimonio.
Con este proyecto, el Gobierno de Canarias “da un paso firme en la modernización del marco jurídico del patrimonio cultural, ofreciendo herramientas más claras, participativas y adaptadas a las realidades territoriales y sociales”, aseguró Clavijo. La reforma busca asegurar una gestión sostenible, transparente y comprometida con la memoria, la identidad y el futuro cultural de Canarias, situando a la ciudadanía en el centro de las políticas patrimoniales.
Novedades principales: protección, planificación y UNESCO
La propuesta redefine los Bienes de Interés Cultural (BIC), reservándolos a aquellos elementos que acrediten valores excepcionales, en línea con los estándares internacionales. A su vez, crea una nueva figura de protección intermedia, los Bienes de Relevancia Patrimonial Insular (BIRP), que sustituyen a los catálogos insulares, y permitirán una tutela adecuada a escala insular.
También introduce, como novedad destacada, un procedimiento reglado para las candidaturas canarias a las listas de Patrimonio Mundial y de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, estableciendo criterios técnicos, requisitos documentales y planes de gestión o salvaguarda. Cada candidatura será evaluada por el Consejo Canario del Patrimonio Cultural y deberá contar con una entidad gestora e instrumentos de seguimiento y coordinación, conforme a las directrices internacionales vigentes.
En materia de planificación estratégica, el proyecto impulsa la creación de los Planes de Patrimonio Cultural, de carácter general o sectorial, como herramientas de coordinación y acción pública. También refuerza la Carta Canaria para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, que definirá los principios y medidas para la identificación, transmisión y participación activa de las comunidades portadoras.
La reforma, además, fomenta el desarrollo de una Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables, una red pública de museos y un Gabinete Numismático de Canarias, que contribuirán a la difusión y accesibilidad del patrimonio cultural.
Claridad normativa y sanciones ejemplares
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la clarificación del régimen de medidas cautelares, permitiendo su adopción incluso antes del inicio formal de un expediente, para evitar daños irreversibles sobre bienes en riesgo. Asimismo, se amplía el concepto de patrimonio arqueológico, adaptándolo a los avances en investigación y a la diversidad patrimonial del Archipiélago.
El nuevo régimen sancionador, más contundente, equipara a Canarias con otras comunidades autónomas en la protección efectiva de su patrimonio. El artículo 142 prevé multas que van del tanto al quíntuple del valor del daño causado, y en caso de infracciones no valorables económicamente, establece sanciones de hasta un millón de euros, con incrementos adicionales si el si el beneficio obtenido supera la sanción impuesta.
Fomento y apoyo a propietarios y municipios
La reforma pone especial énfasis en las medidas de fomento dirigidas a personas titulares de bienes protegidos, promoviendo una visión positiva de la protección cultural como oportunidad, y no como carga. Estas medidas se estructuran en torno a principios como la incentivación fiscal, la compensación justa, el asesoramiento técnico y la financiación pública, y están especialmente orientadas a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, facilitando la elaboración de catálogos municipales y el ejercicio de sus competencias culturales.
