Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado públicamente lo que considera un ataque directo al interés general con la aprobación del decreto ley 3/2025 por parte del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo. La formación ha advertido que esta nueva norma permite a empresas privadas, contratadas por promotores inmobiliarios, tramitar y supervisar licencias de obra, una tarea que hasta ahora realizaban los técnicos públicos municipales.
La portavoz parlamentaria en materia de vivienda de NC-BC, Carmen Hernández, calificó la medida como una “privatización encubierta” que pone en riesgo la imparcialidad del control urbanístico y favorece a los intereses de los constructores. “No existen precedentes en Canarias ni en el Estado”, advirtió la diputada, que insistió en que el decreto supone una “usurpación de competencias municipales”.
NC-BC votará este martes en contra de la convalidación del decreto en el Parlamento de Canarias y propondrá que se tramite como proyecto de ley. “Esconden bajo un título amable y benévolo, una norma para desviar el control público hacia manos privadas. Hablamos del mayor bien que tiene esta tierra, el suelo, un territorio fragmentado y limitado”, expresó Hernández.
Según la diputada, el decreto debilita el control público sobre el urbanismo y abre la puerta a la especulación, alejando aún más el foco de las políticas de vivienda pública y asequible. También criticó que se deje en manos privadas la verificación y restablecimiento de la legalidad urbanística, incluida la demolición de edificaciones ilegales o la restauración del terreno.
Para Hernández, el modelo responde a una estrategia neoliberal de las derechas canarias (CC y PP), consistente en “asfixiar los servicios públicos a propósito” por falta de medios y justificar luego su privatización, como —asegura— ya ocurre en otros ámbitos como la dependencia.
El Consejo Consultivo de Canarias (CCC) también ha advertido de los riesgos jurídicos del nuevo modelo, señalando que podría generar inseguridad, más retrasos en los trámites y contradice sentencias previas del Tribunal Supremo sobre la intervención de agentes externos en procedimientos administrativos. Además, el CCC afirma que “la extraordinaria y urgente necesidad no ha sido justificada suficientemente”, lo que podría afectar a la legalidad del decreto.
Hernández recordó las movilizaciones del pasado 20 de abril bajo el lema “Canarias tiene un límite”, y adelantó que las protestas por el derecho a la vivienda y contra el desarrollismo continuarán el próximo domingo en todas las islas. “Este decreto no es la solución a la emergencia habitacional, sino una forma de abrir aún más la puerta a la especulación inmobiliaria”, concluyó.
