Canarias dispone apenas de un 0,9 % de vivienda protegida frente a la media estatal del 2,5 %, y muy lejos del 9,6 % que alcanzan otros países de la Unión Europea. Son los datos aportados por el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
El objetivo de la entidad, subrayó, es “proteger” el parque público de vivienda mediante el Decreto Ley 1/2024. La vivienda protegida de promoción pública tendrá protección permanente, una medida esencial para las familias con menos recursos, insistió Ortega.
En Fuerteventura, el registro de demandantes de vivienda cuenta actualmente con 1.079 personas inscritas, mientras que la oferta sigue siendo claramente insuficiente. Ortega explicó que se está haciendo un esfuerzo importante para activar distintas promociones, pero reconoció dificultades. “Hemos tenido licitaciones que han quedado desiertas”, en referencia a proyectos como las 47 viviendas en la calle Don Quijote y las 28 en Bernagal, en Puerto del Rosario.
Licitaciones desiertas y proyectos aún sin redactar
La falta de empresas licitadoras ha obligado al ICAVI a modificar la fórmula de adjudicación. Ortega adelantó que los expedientes se publicarán de nuevo como un negociado sin publicidad, invitando a empresas que puedan ejecutar las obras sin alterar los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público. “Necesitamos acelerar los plazos”, recalcó.
Entre los proyectos prioritarios destacan las 77 viviendas en Corralejo, que están en fase de fiscalización, y las 47 viviendas en Rosa Vila, cuyo expediente de redacción ya se encuentra en marcha. Ambas iniciativas están vinculadas a fondos europeos MRR, lo que obliga a finalizarlas antes de junio de 2026. Ortega reconoció que se ha solicitado una ampliación de los plazos porque “hasta septiembre de 2023 no se había redactado ni un solo proyecto. Ni de construcción ni de rehabilitación. Hemos tenido que redactar 58 proyectos en tiempo récord”, detalló.
Más allá de la construcción: rehabilitación y medidas contra la ocupación ilegal
Además de construir nuevas viviendas, el ICAVI trabaja en la rehabilitación del parque público ya existente. En Fuerteventura se invertirán 2.276.000 euros para rehabilitar 100 viviendas en Fabelo, Valle de Santa Inés y La Oliva, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y accesibilidad.
También se prevé simplificar el registro de demandantes, ya que actualmente es un trámite largo y complejo. Ortega adelantó que con una declaración responsable se podrá formalizar la inscripción en el mismo día, facilitando así el acceso a quienes necesitan vivienda de forma urgente.
Por otro lado, se regulará por primera vez el concepto de “alquiler asequible”, destinado a personas con ingresos que, sin embargo, no pueden afrontar los precios del mercado libre. Hasta ahora solo existía el alquiler social. “Con esta medida se amplía el abanico de beneficiarios”, explicó Ortega.
El ICAVI también ha propuesto la creación de un departamento específico en la Policía Canaria para vigilar y controlar el parque público de viviendas. Ortega fue tajante: “No podemos permitir que haya personas que ocupen viviendas de forma ilegal o que no paguen la renta durante años”, relatando incluso casos como el de un inquilino que acumulaba más de 300 recibos impagados en Tenerife.
El caso de las VPO del edificio Pelayo, en Puerto del Rosario
Uno de los casos más sonados en Fuerteventura ha sido el del edificio Pelayo. Los vecinos denunciaron que la promotora intentó subir de forma significativa los alquileres tras la aprobación del Decreto Ley 1/2024. El Gobierno de Canarias intervino para frenar la medida.
El director del ICAVI aclaró que “no es de aplicación ese decreto para los contratos de arrendamiento formalizados con anterioridad al mismo” y recordó que estas viviendas, aunque de promoción privada, están sujetas a un régimen de protección de 30 años.
Además, Ortega señaló que la empresa promotora recibió en torno a 480.000 euros de subvención y que los alquileres solo pueden actualizarse según el IPC, siempre respetando los límites establecidos en la calificación definitiva de la vivienda protegida.
