El Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria ha convocado a los colectivos vecinales, sociales y deportivos de La Atalaya, Becerril y Llanos de Parra para informarles de manera clara y precisa sobre la tramitación administrativa de la planta de biogás que promueve el Grupo Félix Santiago Melián en sus zonas agrícolas de La Atalaya. Se busca asegurar el compromiso del grupo de gobierno para velar y exigir que se cumplan todas las medidas de protección y de calidad ambiental impuestas por el Órgano de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias, garantizando así un impacto cero de la actividad. Esta reunión informativa es la primera de varias que se llevarán a cabo con los vecinos de estos barrios.
Durante la reunión celebrada, encabezada por el alcalde Alfredo Gonçálves Ferreira, junto a los concejales de Urbanismo, José Manuel Santana; Infraestructuras, Juan Jiménez; Presidencia, Ruth Martín; y Servicios Sociales, Alejandro Rivero, se explicó en primer lugar la tramitación administrativa del proyecto hasta la fecha. Actualmente, ya se cuenta con el informe ambiental favorable del Gobierno de Canarias, emitido por la Consejería de Política Territorial, Cohesión y Aguas, a iniciativa de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía.
Este proceso administrativo comenzó en enero de 2023, cuando el Ayuntamiento emitió un informe de compatibilidad favorable, ya que el proyecto cuenta con respaldo tanto en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio como en el Plan Insular, y se ajusta a la Ley del Suelo de Canarias.
Con este informe, la empresa inició la tramitación del proyecto, que, debido a sus características especiales —ya que es una instalación de autoconsumo de una explotación agrícola y no estará destinada a la producción industrial de biogás—, se sometió a una evaluación ambiental simplificada. Esta evaluación estuvo sujeta a informes de 11 departamentos de las tres administraciones públicas: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y este Ayuntamiento, donde se establecieron los condicionantes y medidas de control necesarios para esta actividad.
En octubre de 2024, el nuevo grupo de gobierno municipal, consciente de los problemas que podría generar el paso de camiones por el núcleo urbano de La Atalaya, remitió al Gobierno de Canarias las medidas correctoras que deben incluirse en el proyecto. Estas están centradas en un Plan de Vigilancia, que deberá detallar la frecuencia del paso de camiones y los recorridos alternativos. El Ayuntamiento decidirá si la incidencia es mínima o si tendrá repercusiones negativas en los núcleos poblacionales; en este último caso, la empresa deberá buscar una alternativa.
Además, la Dirección General de Salud Pública ha impuesto medidas de control de seguridad del aire durante la fase de explotación, lo que obliga a la empresa a presentar estos controles cada seis meses.
Durante la reunión, los responsables municipales garantizaron el compromiso del Ayuntamiento de velar en todo momento por el cumplimiento riguroso de todos los estándares de seguridad y calidad medioambiental del proyecto. Asimismo, se comprometieron a mantener informada a la ciudadanía mediante la convocatoria de nuevas reuniones informativas sobre todo lo relacionado con esta iniciativa.