La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha celebrado este jueves su Consejo de Administración, en el que, a requerimiento de varios consejeros, el Consejo ha dejado sobre la mesa la resolución sobre la solicitud de otorgamiento de concesión de dominio público presentada por la entidad Lanzafuel S.L. para ocupar una parcela de 1.652,30 m2 de terrenos destinada a la construcción de una estación de servicio y electrolinera en el Área Funcional 7 de la zona de servicio del Puerto de Arrecife, Lanzarote. El Consejo ha tomado esta decisión pendiente de solicitar informe al Ministerio del Interior sobre la afección en términos de seguridad sobre la gasolinera en dicha ubicación.
Asimismo, se ha dado luz verde a la solicitud del Instituto Tecnológico de Canarias S.A para ocupar una superficie de 2.369 m2 de terrenos, 2.394 m2 de lámina de agua y 1.616 m2 de canalizaciones ubicados en el Puerto de Arinaga con el fin de instalar un ‘Laboratorio de hidráulica de plataformas offshore y banco de ensayo de plataformas fotovoltaicas flotantes, de generadores undimotrices y de eólica offshore’ durante 23 años. Cabe destacar que este proyecto está desarrollado por Megaturbinas Arinaga, en el que participan el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Entre las modificaciones sustanciales aprobadas, destaca la resolución, por prórroga del plazo concesional para los próximos 15 años, de Silos Canarios S.A., cuya concesión demanial fue otorgada el 13 de febrero de 1954. La actividad desarrollada por la empresa, destinada a silo de cereales, ha sido declarada estratégica por el Consejo de Administración en 2025. La prórroga de la concesión va vinculada a la inversión que la empresa se ha comprometido a hacer de cara a la automatización del almacén de cereales, además de tenerse en cuenta todas las inversiones que Silos Canarias S.A. ha realizado hasta el momento.
El Consejo de Administración ha acordado el desahucio administrativo y desalojo de las instalaciones de los cuatro negocios que, a fecha de hoy, siguen operando en el Centro Comercial Sotavento, ubicado en el Muelle Deportivo, al no haber atendido el requerimiento cursado a efectos de cese de actividad y desalojo del dominio público portuario por la deuda que contraen con la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En concreto se trata de los locales Allende Restauración S.L., Canarias Óptima Profesional S.L., Fifo Diving S.L. y Escuela de Hostelería Europea S.L., todos inquilinos de Explotaciones Sotavento S.L.
Cabe recordar que Explotaciones Sotavento S.L. lleva ocupando y explotando el dominio público portuario del Muelle Deportivo sin título habilitante al efecto desde el 31 de julio de 2023. A fecha de agosto de 2024 acumulaba una deuda, entre tasas y reclamación de enriquecimiento injusto, ascendente a 463.346,36 euros. Desde entonces, se le ha notificado el requerimiento de desalojo con apercibimiento de desahucio administrativo, además de concedérsele un fraccionamiento del pago respecto del importe adeudado, fraccionamiento que ha incumplido desde el primero de los pagos, que ascendía a 105.160,60 euros.
Posteriormente, la Autoridad Portuaria requirió a los arrendatarios de Explotaciones Sotavento S.L. que continuaban con su actividad el cese de la misma y desalojo de los locales que ocupaban. Sin embargo, esa circunstancia no se ha producido, siguen trabajando sin contar con el título habilitante y no han desalojado los locales de manera voluntaria, por lo tanto y ante tales circunstancias, la Autoridad Portuaria solicitará autorización judicial para proceder al desahucio forzoso de los cuatro locales que continúan desarrollando su actividad.
Con respecto a los barcos-vivienda, los consejeros han inadmitido el recurso de alzada interpuesto contra el requerimiento del director de la Autoridad Portuaria para liberar el amarre y abandonar la Dársena de Embarcaciones Menores. Con este ya serían 15 los recursos desestimados y/o inadmitidos.
Asimismo, el Consejo ha acordado el desahucio administrativo de 14 barcos vivienda a los que ya se les había desestimado y/o inadmitido a trámite los recursos de alzada interpuestos por estos. A partir de ahora se solicitará autorización judicial para entrar en los domicilios y recuperar los puestos de amarre que llevan ocupando estas embarcaciones sin título habilitante para ello. Además, se ha rechazado la petición de renovación del amarre de otros seis barcos-vivienda.
Por otra parte, se ha dado luz verde al aumento del plazo, pasando de 20 a 24 meses, del contrato de ‘Asistencia técnica para el control y apoyo a la dirección de las obras del proyecto Dique de la Esfinge 4ª Fase’. Este aumento del plazo va ligado al aumento del plazo de la obra, que tiene prevista su finalización en el mes de octubre.
En otro orden de cosas, se ha prorrogado el convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la prestación del servicio contra incendios, salvamento, rescate y protección civil en el Puerto de Las Palmas, tanto en tierra como en los barcos atracados.
Finalmente, los consejeros han delegado en la presidenta la competencia para resolver el contrato de obras para la ejecución del proyecto ‘Nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías en el Puerto de Las Palmas’, a fin de no demorar la tramitación de la resolución del contrato. El contrato se resuelve por no haber sido posible la ejecución en los términos inicialmente pactados ni ser viable la modificación del proyecto constructivo. El contratista cobrará lo efectivamente ejecutado, así como una indemnización del 3% del precio de adjudicación del contrato.
