Arrecife (Lanzarote) (EFE).- El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz ha reconocido este lunes los hechos que se le imputan en la última de las piezas del llamado ‘caso Montecarlo’, que comienza a juzgarse en la Audiencia de Las Palmas.
En la primera sesión de la vista, que se celebra en Lanzarote, Sáenz ha admitido «con matizaciones» las irregularidades que se le atribuyen, sin estar de acuerdo con la pena solicitada por la Fiscalía en su escrito de acusación, que es de seis años de cárcel.
El exinterventor del Consistorio ya se había confesado autor de hechos similares en cuatro de las cinco piezas anteriores del caso y tuvo que ingresar en prisión por las condenas que recibió por ello.
El ‘caso Montecarlo’ se originó en 2012, tras una denuncia anónima en Fiscalía. Se dividió en seis piezas (cuatro en Arrecife, una en San Bartolomé y otra en La Oliva, Fuerteventura) y esta es la última.
Todas tienen al interventor del Ayuntamiento de Arrecife con protagonista central de los delitos que se juzgan. La que examina desde este lunes la Audiencia de Las Palmas tienen que ver con unas facturas reconocidas y pagadas a la empresa Tunera, del empresario Eduardo Ferrer, también procesado.
Después de dos suspensiones, en esta tercera ocasión se ha iniciado la vista oral, que además de a Sáenz y a Ferrer juzga al exalcalde José Montelongo (PSOE), actualmente responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
También se sientan en el banquillo cuatro exconcejales de Arrecife: Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Lorenzo Lemaur (PP) y Víctor San Ginés (PSOE), cada uno de un partido distinto y ninguno ya en la política activa.
Los otros tres acusados son el exasesor Blas Cedrés y dos técnicos: José Nieves, ya jubilado, y Miguel Ángel Leal, en activo.
En la causa se investiga si hubo pagos a Tunera Producciones por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de irregularidades en la contratación o la justificación de esos servicios, por distintos eventos.
La Fiscalía considera que «el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife» a la empresa asciende, «sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima» de 3,2 millones de euros, de los cuales «al menos» 121.000 euros obedecen «a pagos por servicios no prestados».
En su declaración, Sáenz, que ha se ha hecho acompañar de un libro que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, ha señalado que solo conocía a Ferrer por motivos profesionales, como proveedor del Ayuntamiento.
Ha explicado los distintos tipos de contratos y el procedimiento de conformación del gasto, desde la propuesta de gasto hasta el pago y ha dicho que se necesita la firma de un concejal y un técnico del área para conformar una factura.
Ha señalado que quien debía comprobar si se ejecutaba o no el servicio o era al precio convenido era «quien ejecutó la compra, o el concejal o un técnico».
Sáenz ha argumentado que «los procedimientos de contratación son largos y tediosos» y ha puesto como ejemplo que el contrato de Parques y Jardines tardó tres años en llevarse a cabo por falta de formación de los técnicos de algunos departamentos.
El exinterventor ha reconocido que el fraccionamiento de contratos, una práctica no permitida, era un procedimiento «casi habitual». «Yo asumo ni responsabilidad», ha dicho, antes de añadir que «casi todo lo que llegaba era urgente».
Uno de los hechos principales que se investiga en esta pieza es el pago de facturas de Tunera que presentaban irregularidades, no se habían podido pagar por la vía ordinaria, y se incluyeron en un listado para pagar en el pleno municipal gracias a la petición de un crédito específico.
Según ha explicado Sáenz, las condiciones para acceder a esos créditos estaban establecidas en un decreto del Gobierno central que se hizo «para que no tuvieran que intervenir los políticos», sino que se trataba de pagar las facturas que no se habían podido pagar por orden de antigüedad.
Y ha indicado que el listado con las facturas se elaboró en Intervención y se envió a la Concejalía de Hacienda, que «no debía comprobar nada» y después se llevaba al pleno. EFE
