Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Una técnica de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha declarado que la pista abierta en suelo protegido en La Frontera, por la que es juzgado un exconsejero del Cabildo de El Hierro, incumplió en su momento el planeamiento municipal e insular pero es legalizable según la actual Ley del Suelo.
La perito ha declarado este martes en la primera jornada del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, en el que la Fiscalía acusa al entonces consejero insular de Medio Rural, Juan Pedro Sánchez (AHI), a un funcionario y a un ingeniero de los delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación, por los que pide penas cárcel e inhabilitación.
La técnica aseguró que la obra es de carácter privado, sólo beneficia a unos pocos propietarios, entre los que estaría el funcionario acusado, pese a ejecutarse con fondos públicos, pero afirmó que no se ha incurrido en ningún error “fundamental” que impida su legalización.
Echó en falta que en su momento el proyecto no se adecuara a un uso agrícola y cree que la fórmula utilizada de cooperación administrativa que agiliza los trámites tampoco fue la adecuada.
Existen dos tramos, uno de 170 metros que ya existía y fue acondicionado e incluso asfaltado, y otro de 320 del que se cuestiona su ejecución y cuyo uso, según la perito, siempre ha sido privado, por lo que para legalizarlo es preciso justificar su necesidad.
Los técnicos aportados por las defensas indicaron que el trazado no beneficia al funcionario procesado, no se vio afectado el cauce del barranco, tampoco percibieron nada “fuera de lugar” cuando se abordó el proyecto y que la pendiente del sendero sería de un 20% pero la del terreno puede llegar al 70%.
Uno de los técnicos del Cabildo citados por la Fiscalía declaró que en 2018 había emitido un informe desfavorable al no adaptarse la obra al Plan Insular, y otro calculó la anchura media en 1,8 metros, tras la ejecución de las obras.
En las cuestiones previas los abogados de la defensa plantearon una posible prescripción de los delitos y que no se admitan determinadas pruebas como son las ortofotos, lo que la Sala se comprometió a analizar cuando se redacte la sentencia.
La Fiscalía pide que se le impongan tres años y medio de cárcel al exconsejero, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), actualmente teniente de alcalde de Valverde y consejero del Cabildo sin delegación, y 4,5 años a los técnicos, además de penas de inhabilitación de hasta 11 años.
El proyecto costó 169.000 euros y en teoría se ejecutó a petición de los vecinos, entre los que se encontraba el funcionario propietario de una finca.
Según el criterio del Ministerio Público, en la actualidad sería ilegalizable por la especial protección del suelo a través del que discurre. EFE
