Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de PSOE, Nueva Canarias y Vox, la ley que regulará la vivienda vacacional en las islas y cuyo objetivo es, según recoge la propia norma, garantizar el acceso a la vivienda, evitar la gentrificación y frenar la sustitución masiva de viviendas residenciales por turísticas.
Los objetivos de la norma
Su tramitación ha chocado con el rechazo de la principal patronal del sector, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que sostiene que expulsará del mercado a miles de propietarios y supondrá «la práctica erradicación» de su actividad.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias (CC, PP, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera) defiende que es preciso limitar el crecimiento sin control de las viviendas vacacionales y apuesta por dejar el poder de decisión a los municipios y dar prioridad al derecho a la vivienda.
La oposición le ha negado el voto porque considera que beneficia a los empresarios del sector turístico y expulsa a los residentes de las zonas vacacionales.
El uso turístico ya no es residencial
La ley considera que el uso turístico de las viviendas no es un uso residencial, sino una actividad económica o de hospedaje que, por lo tanto, solo podrá realizarse cuando el planeamiento urbanístico municipal lo autorice expresamente.
Los ayuntamientos adquieren el papel de planificar y justificar en qué zonas del municipio se permite la implantación de viviendas de uso turístico, basándose en criterios de sostenibilidad, capacidad de carga y equilibrio territorial.
El suelo clasificado como residencial se reserva principalmente al uso habitacional permanente, de manera que el 80 % del suelo residencial deberá destinarse a vivienda habitual.
En islas turísticas o municipios con alta presión de mercado, esa reserva se eleva al 90 % y en el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y en municipios con despoblación, los ayuntamientos podrán flexibilizar este porcentaje para favorecer el desarrollo local.
Con esta ley, una vivienda solo podrá destinarse a uso turístico si el planeamiento lo permite expresamente y se establece una antigüedad mínima como requisito: las viviendas deben haber sido destinadas durante un tiempo determinado a residencia habitual antes de convertirse en alojamientos turísticos, con el fin de impedir que se construyan viviendas nuevas directamente para uso vacacional.
Los ayuntamientos podrán reducir este requisito en zonas donde no exista tensión en el mercado residencial.
Prohibición en suelos rústicos y VPO
También se prohíbe el uso turístico en viviendas protegidas (VPO) y no se podrá autorizar en suelos rústicos, espacios naturales protegidos ni en zonas Red Natura 2000, salvo que el planeamiento ambiental lo justifique expresamente.
En zonas declaradas como mercados tensionados, se suspenderá la concesión de nuevas licencias de vivienda turística. Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha declarado ninguna, aunque varios ayuntamientos lo han pedido, como Las Palmas de Gran Canaria.
Los propietarios actuales de viviendas vacacionales ya inscritas no pierden su autorización, pero las nuevas solicitudes dependerán del planeamiento municipal y no se podrán registrar nuevas viviendas turísticas si el municipio no lo permite.
La consejera de Turismo admite que es una ley «difícil»
La consejera de Turismo, Jessica de León (PP), ha admitido que la norma ha sido «muy complicada de tramitar» y «difícil de interiorizar, explicar y de gestionar el plazo de las enmiendas», al tiempo que ha agradecido a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno por haber estado «al servicio del interés general», sin ser «rehenes del tacticismo político».
PSOE y NC, partidos en la oposición, se han quejado de que la ley ha salido adelante sin consenso, pues no ha incluido ninguna enmienda de la oposición. Además, reprochan que beneficia a los empresarios del turismo y expulsa a los residentes de las zonas turísticas.
En concreto, el diputado del PSOE Gustavo Santana ha denunciado que la ley ha generado un efecto llamada por no ha haber suspendido las licencias al inicio de su larga tramitación (20 meses).
Según sus cifras, han sumado ese período 32.000 viviendas vacacionales, más que las construidas en los últimos 30 años.
El diputado del PSOE también ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de limitar a tres las viviendas que pueda explotar un mismo particular para que los pequeños propietarios sean los verdaderos beneficiarios de la regulación de la vivienda vacacional en Canarias, donde 81.632 están en manos de grandes tenedores.
Críticas de Nueva Canarias (NC)
Por su parte, la diputada de NC Esther González ha lamentado que su partido presentó 34 enmiendas, y el Gobierno no aceptó ninguna, para defender el derecho de miles de familias canarias «de alquilar y no ser echadas de su tierra» en vez de proteger «los derechos de los de siempre», como opina que recoge la ley aprobada.
A su juicio, la ley, que «entrega las llaves del futuro de Canarias a los cuatro empresarios de turno», respalda los intereses turísticos, señala con el dedo al pequeño propietario y castiga al 89 % de los canarios que alquila su vivienda para poder llegar a fin de mes y los iguala a los grandes tenedores, a los que, ha advertido, protege esta norma.
Vox critica la «excesiva carga»
La diputada de Vox Paula Jover ha recordado que su partido presentó una enmienda a la totalidad pidiendo que se retirara la ley porque «no solucionada nada y empeora todo» y traslada una excesiva carga a los pequeños propietarios, pasa por alto la okupación y no respeta la propiedad privada.
Los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera han valorado la ley porque «regula de forma sostenible» la vivienda vacacional, según el PP, y también porque pone límites claros para evitar que el turismo residencial desplace a los residentes y encarezca «aún más» el acceso a la vivienda, ha defendido la diputada de CC, Socorro Beato.
Desde la Agrupación Herreña Independiente han defendido que se trata de una ley que ordena y no prohíbe y tiene en cuenta la diversidad de modelos turísticos que hay en las islas, mientras que la Agrupación Socialista Gomera ha recordado que hay gomeros que alquilan sus viviendas a los turistas para sufragar los estudios universitarios de sus hijos y ha negado que esto cause falta de vivienda en las islas. EFE
