La Dirección General de Pesca rechaza las acusaciones de ocultación de información y recuerda que la tramitación se encuentra aún en una fase previa a la evaluación ambiental
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha aclarado que el proyecto acuícola promovido en la Zona de Interés Acuícola TF-5, situada frente a las costas de Adeje, no cuenta en estos momentos con autorización administrativa para su ejecución y deberá superar todos los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por la normativa autonómica, estatal y europea antes de que pueda adoptarse una resolución definitiva.
Ante las afirmaciones realizadas por la asociación ATAN, la Consejería considera necesario precisar que la resolución aprobada en febrero de 2026 se limitó exclusivamente a seleccionar el proyecto ganador del concurso público convocado para dicha zona, sin que ello suponga autorización para la implantación o explotación de la actividad acuícola proyectada.
Asimismo, el departamento rechaza las afirmaciones relativas a una supuesta ocultación de información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Dirección General de Pesca ha remitido formalmente a la Subdirección General de Biodiversidad un informe detallado sobre la situación administrativa del expediente, explicando el estado de tramitación del procedimiento y los trámites ambientales y sectoriales que deberán desarrollarse en las siguientes fases.
Respecto a la afección sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca, la Consejería recuerda que esta circunstancia no ha sido ocultada ni ignorada en ningún momento. La existencia de dicho espacio protegido figura expresamente en la planificación acuícola aprobada para la zona y en las bases reguladoras del concurso público, que establecen la obligación de obtener los informes favorables que resulten preceptivos antes de resolver definitivamente el procedimiento.
La delimitación de las Zonas de Interés Acuícola incluidas en el PROAC fue resultado de un proceso de planificación desarrollado durante varios años que concluyó en 2018 y en el que participaron administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local, organismos competentes en materia ambiental, sectores económicos afectados, organizaciones sociales y ciudadanía, culminando con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación y de su correspondiente evaluación ambiental estratégica.
La Dirección General de Pesca señala igualmente que el expediente se encuentra actualmente en fase de análisis y valoración de las alegaciones, observaciones e informes presentados durante el período de información pública. Como consecuencia de este proceso, la documentación técnica y ambiental puede requerir aclaraciones, modificaciones o información complementaria antes de continuar su tramitación.
Por este motivo, todavía no se ha iniciado formalmente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, trámite que deberá desarrollarse una vez concluya el análisis de la información pública y se disponga de una versión consolidada del proyecto y de la documentación ambiental correspondiente.
Será precisamente durante esa fase cuando se soliciten y emitan los informes ambientales y sectoriales legalmente exigibles, incluyendo los relativos a la Red Natura 2000, la compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria y las restantes autorizaciones e informes previstos por la legislación vigente.
En relación con las cuestiones planteadas sobre la documentación técnica presentada por el promotor, la Consejería recuerda que corresponde a la Administración verificar durante la tramitación del expediente el cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos y administrativos exigibles antes de adoptar cualquier resolución.
Asimismo, las alegaciones formuladas por particulares, entidades y organizaciones durante el período de información pública están siendo objeto de análisis y valoración dentro del procedimiento administrativo en curso.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria reitera su compromiso con el máximo rigor jurídico, técnico y ambiental en la tramitación de los proyectos acuícolas, garantizando el cumplimiento de todos los procedimientos de evaluación, participación pública y protección ambiental establecidos por la normativa aplicable.
Cualquier decisión sobre la concesión administrativa del proyecto de Adeje quedará condicionada al resultado favorable de todos los informes, evaluaciones y controles que exige el ordenamiento jurídico.
