La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado hoy (jueves 16) al Estado un incremento de la financiación destinada a la atención de menores migrantes no acompañados, al considerar insuficientes los fondos actualmente previstos para hacer frente a la situación de emergencia que mantiene el Archipiélago.
Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado defendió que el Gobierno central amplíe la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y recupere la aportación extraordinaria de 100 millones de euros que ya se destinó el pasado año para financiar la aplicación del real decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería.
Delgado argumentó que, aunque la prórroga presupuestaria dificulta la incorporación de nuevas partidas, existen precedentes que demuestran que el Estado puede habilitar financiación adicional, como ya ocurrió con el incremento de los fondos destinados al sistema de dependencia. En ese sentido, la consejera de Bienestar Social recordó que Canarias continúa en una situación de contingencia migratoria, al atender a un número de menores muy superior al establecido en el sistema de distribución. “Estamos acogiendo a más del triple de los 783 menores que nos corresponderían según los criterios de reparto, por lo que es necesario que la financiación estatal se adapte a la realidad asistencial que soporta Canarias”.
Asimismo, Candelaria Delgado trasladó al Ministerio su preocupación por la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya puesta en marcha será objeto de una conferencia sectorial específica la próxima semana. En concreto, solicitó que el Estado explique cómo se articulará la figura del defensor de los derechos del menor, prevista por la normativa europea para asistir a los menores migrantes no acompañados desde su llegada a las costas durante el proceso de identificación.
Delgado recordó que el Ministerio ha planteado en ocasiones que esa función pueda ser desempeñada por profesionales de la abogacía a través del sistema de justicia gratuita, pero advirtió de que las comunidades autónomas desconocen cómo se implantará este mecanismo y, especialmente, quién asumirá su financiación. Por ello, reclamó que las comunidades autónomas participen en el diseño del modelo y conozcan con antelación los criterios de aplicación del Pacto Europeo, al considerar imprescindible contar con seguridad jurídica y financiación suficiente antes de su entrada en funcionamiento.
Modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia
Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se abordó el modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia. Así, Delgado señaló que el Gobierno de Canarias está desarrollando una hoja de ruta para implantarlo con proyectos piloto, formación de profesionales y coordinación entre las distintas administraciones con el objetivo de integrarlo en el sistema de protección de la infancia y alinearlo con la legislación española de protección integral a la infancia (LOPIVI). En concreto, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria fue el primero de España especializado en la atención a menores víctimas de violencia y tras varios años funcionando como proyecto piloto, su eficacia y el elevado volumen de casos llevaron a su consolidación como sección especializada.
A partir de esta experiencia, el Gobierno de Canarias ha diseñado una hoja de ruta para extender el modelo Barnahus a todas las islas, creando espacios donde jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales trabajen de forma coordinada para reducir el impacto que el proceso judicial tiene sobre los menores. Además, se están incorporando recursos técnicos como sistemas de grabación de alta calidad para evitar que los niños tengan que repetir su testimonio y programas de intervención con perros de apoyo, que ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad durante las diligencias judiciales.
