Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Sebastián Franquis, que durante la pandemia fue consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, ha afirmado este viernes en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga el caso mascarillas que no tiene «ninguna duda» de que «fue un acierto» el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud (SCS) en septiembre de 2020.
Ha asegurado además que antes de ese nombramiento, cuando Conrado Domínguez aún desempeñaba el cargo de secretario general técnico de su Consejería, no tiene constancia de realizara ninguna gestión relacionada con la compra de material sanitario: «estoy convencido de que no fue así», ha subrayado.
El exconsejero, actual portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, ha insistido en que no tiene constancia de que Domínguez, imputado judicialmente en el caso Mascarillas, gestionara contratos de material sanitario ni atendiera a proveedores antes de estar al frente del Servicio Canario de la Salud ni de que alguien le hubiera autorizado a ello mientras ocupaba el cargo de secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas.
Franquis ha asegurado que él nunca participó en la compra de material sanitario ni recibió llamadas de empresarios o políticos para dar referencias de empresas con las que contratar material sanitario.
Pero ha deslizado que sí hubo miembros del Parlamento de Canarias «que recibieron y enviaron mensajes sobre la compra de material», aunque no los identificó ni fue repreguntado al respecto.
El exconsejero ha explicado que en el comité de emergencia sanitaria nunca se habló de contratos ni de empresas para la compra de material sanitario, ni tampoco en el Consejo de Gobierno.
Las decisiones de compra y gestión del material eran competencia del SCS, ha dicho Franquis, y ha añadido que no conoce la dinámica interna de contratación del área económica del Servicio Canario de la Salud.
En relación con las empresas involucradas en los contratos bajo sospecha, Franquis ha negado cualquier conocimiento o relación con los negocios de Koldo García, José Luis Ábalos o Víctor de Aldama, ni sabía sobre los contratos adjudicados a las empresas presuntamente vinculadas a ellos, como Soluciones de Gestión o Megalab.
Su única relación con las mascarillas fueron las 105.000 que su departamento recibió del Ministerio de Transportes y que se distribuyeron entre el personal de aviones, barcos y transporte terrestre para garantizar la movilidad durante la pandemia.
Ha reconocido que en un momento inédito como el de pandemia, en el que se toman decisiones aceleradas, sin duda se cometieron errores, de los que hay que sacar enseñanzas, y ha defendido que es imprescindible que «quienes ejercen responsabilidades políticas en una situación de esta magnitud cuenten con absoluta seguridad jurídica en sus actuaciones».
En cuanto a si hubo responsabilidades políticas además de presuntas responsabilidades penales, ha insistido en que las decisiones sobre la compra de material sanitario correspondían al Servicio Canario de la Salud (SCS) y que, por tanto, es lógico que sean esos responsables quienes asuman las consecuencias.
Franquis ha indicado que el Comité de Emergencia Sanitaria asesoraba al ejecutivo y servía como canal de comunicación con la sociedad canaria, pero las decisiones correspondían al Consejo de Gobierno.
Aclaró que en ninguna de esas reuniones se habló de procedimientos administrativos ni de a qué empresas se debía contratar, y que estas cuestiones nunca se plantearon en el Comité de Emergencia ni en los encuentros con el comité científico.
Sobre las irregularidades detectadas en la compra de material sanitario, Franquis ha afirmado que se enteró de ellas a través de los medios de comunicación.
Ha expresado su malestar al conocer que, presuntamente, hubo personas que actuaron de forma irregular, y ha considerado «indignante» que haya quienes estén dispuestos a jugar con los sentimientos y la desesperación de la sociedad en una situación tan crítica.
«Si efectivamente se han cometido irregularidades, deben ser investigadas como ya está ocurriendo» y si finalmente se demuestran ha defendido que «el peso de la ley recaiga sobre quien corresponda».
Pero ha precisado que no hay que adelantar conclusiones y sí respetar el principio de presunción de inocencia.
Ha subrayado que ningún militante del PSOE está investigado en ninguna de las causas que está analizando esta comisión de investigación. «No tenemos nada que ocultar, que se investigue hasta el fondo», ha dicho el exconsejero. EFE
