Los datos analizados en el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales corroboran la mejora del sistema en Canarias tras la aplicación del nuevo decreto unificador de procedimientos
Un nuevo informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales corrobora los datos aportados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias que reflejan la evolución positiva de la atención a la dependencia en Canarias. “Aunque aún queda mucho por avanzar, este informe refleja con claridad la mejoría y la necesidad de que el Estado aumente la financiación del sistema para que, al mismo tiempo, se refleje en la atención a las personas y familias de personas dependientes”, aseguró la consejera Candelaria Delgado.
El documento de la Asociación especifica que las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias son Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%), lo que supone un espaldarazo a las tesis de la Dirección General de Dependencia sobre la importancia de la aplicación del decreto que unifica los procedimientos de valoración y PIA.
La información refleja que mientras que en España, las personas con derecho aumentan un 5,5%, Canarias, con un 22,6%, es la comunidad en la que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025.
Por otra parte, se señala que, aunque hay 25.755 personas en lista de espera, sin especificar a qué denominan como tal, también reconoce que la variación porcentual de la lista de espera en este año se ha reducido un -18,7%, siendo la tercera región que tiene mejor evolución a este respecto. Lo cierto es que Canarias ha admitido que hay 6.386 personas con derecho pero sin PIA, y 13.741 personas sin prestación efectiva, aunque los propios datos del IMSERSO señalan que 12.691 de estas personas no han hecho la prestación efectiva por motivos no imputables a la administración.
El informe refleja que, de media, en España “en los últimos nueve meses no solo no se redujo el tiempo de espera, sino que aumentó en septiembre”, mientras que reconoce la reducción de los plazos en Canarias en 83 días solo en estos primeros nueve meses, llegando a los 478 días, mientras que la media nacional está en los 349 días. La cifra, además, está ya en los 180 días que exige la ley en islas como Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, además de algunas zonas de la isla de Gran Canaria.
El informe también señala que las Comunidades Autónomas financiaron, de media, el 72,9% del Sistema, mientras que la Ley exige una financiación al 50% por parte del Estado. En el caso de Canarias, la situación es aún más sangrante, puesto que no se tiene en cuenta la aportación que hacen los cabildos por lo que Canarias se sitúa en una aportación de 1.339€ por persona al no tener en cuenta esa inversión insular.
En los datos nacionales, el informe especifica que el 56% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia. En el caso de Canarias, el servicio que ha empezado a implementarse, el de teleasistencia avanzada, alcanzará a 20.000 personas, lo que dará un giro importante a la situación actual.
