Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de España tendrá que dar asilo a unos 1.400 menores de Mali que tutela Canarias, muchos de lo cuales llevan en las islas más de un año, allí donde tenga plazas para ello, cumpliendo un mandato que nada tiene que ver con la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería.
Así lo ha dicho este jueves el presidente canario, Fernando Clavijo, al ser preguntado por cómo se materializará, en nueve días, el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha aceptado la medida cautelar solicitada por la comunidad autónoma, cuyos servicios de protección del menor se han hecho responsables de estos niños hasta ahora.
Clavijo ha recalcado que este fallo no tiene que ver con la distribución obligatoria entre el conjunto de autonomías españolas, en virtud del nuevo artículo 35 de la Ley de Extranjería, de buena parte de los más de 5.000 menores migrantes no acompañados llegados a estas islas en cayucos y pateras y que no han solicitado protección internacional.
«El fallo del Supremo lo que viene a determinar es que todos los menores que son susceptibles de asilo o protección internacional y lo soliciten tienen derecho, y es el Estado el que tiene que prestarlo. Lo que le viene a decir al Gobierno de España es lo que llevamos diciéndole año y pico, que todos los menores no acompañados procedentes de Mali, unos 1.400, no son competencia de la comunidad autónoma, sino de la Administración del Estado», ha referido.
La medida cautelar dictada por el Supremo menciona expresamente a los cerca de 1.200 menores que ya han solicitado asilo en Canarias o han manifestado su voluntad de pedirlo, procedentes en su mayor parte de Mali y Senegal, pero en el Gobierno de Canarias defienden que es extrapolable a todos los chicos que lo hagan a partir de ahora.
En el caso de Mali, más allá de las circunstancias particulares que alegue cada menor, hay una recomendación general de protección emitida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dada la situación de guerra, terrorismo yihadista y violencia que vive desde hace años ese país del Sahel.
A juicio del presidente canario, el Alto Tribunal «ha sido contundente diciéndole al Estado que ha hecho dejación de funciones porque es su responsabilidad y le da diez días para que pasen al sistema nacional de refugiados».
Clavijo ha admitido que la materialización de este pronunciamiento judicial supondrá un alivio económico para Canarias, ya que dejará de sufragar el coste de su tutela y acogida, si bien ha lamentado que «durante más de un año estos menores han visto vulnerado su derecho de pertenecer a un sistema internacional de acogida por parte del Estado».
«Ahora tenemos que colaborar entre todos para revertir esta situación y, por otro lado, aplicar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para distribuir a aquellos menores que no son susceptibles de estar en esta red de protección internacional», ha aseverado.
Fernando Clavijo considera que el Estado tendrá que ponerse en contacto con Canarias, comunidad que «va a colaborar, como siempre ha querido, porque lo que quiere es proteger al menor».
«Dado el plazo, de nueve días ya, lo razonable es que la Administración del Estados contacte con nosotros y empecemos a trabajar para que esa distribución se pueda hacer protegiendo a un menor que ya ha visto vulnerados sus derechos durante más de un año», ha apostillado.
Fernando Clavijo ha hecho estas declaraciones antes de asistir en Las Palmas de Gran Canaria a la inauguración de las nuevas instalaciones de la consultora KPMG en las islas. EFE
