Santa Cruz De Tenerife (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado que no tiene ninguna duda de que habrá «un acuerdo de Estado» para la distribución de menores no acompañados porque, ha dicho, «tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en algo tan básico e imprescindible como la protección de los derechos del menor».
En declaraciones a los periodistas en Tenerife, el presidente ha señalado que ayer Canarias remitió la certificación del número de menores que acoge, de recursos habilitados para ello y del grado de ocupación, en cumplimiento del Real Decreto Ley que habilita hasta el 31 de marzo para que las comunidades aporten dichos datos.
En todo caso, ha apuntado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está coordinando esta cuestión «e imagino que el Gobierno de España tendrá que dar cuenta de las comunidades que han cumplido y las que no» lo han hecho, porque es determinante para poder fijar la capacidad de cada una.
Asimismo, y en relación con el requerimiento del Tribunal Supremo al Gobierno central para que se haga cargo de los menores solicitantes de asilo, Clavijo ha reiterado su total colaboración con el Estado porque «estamos hablando de personas, de menores, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos».
El presidente canario ha dicho que ayer contactó con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien le indicó que Ángel Víctor Torres está ejerciendo la coordinación entre los distintos ministerios para aplicar el requerimiento del Supremo.
«No olvidemos que no solo son menores sino que además están en el sistema de red de protección internacional del Estado» y hay que «hacer las cosas adecuadamente», ha insistido el presidente autonómico, pues se puede producir desarraigo en niños que ya están escolarizados o que están acogidos por familias canarias y por ello, ha subrayado, hay que actuar «con delicadeza».
No obstante, el auto del Supremo «se tiene que cumplir» lo que, unido a la votación el 10 de abril de la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería para la derivación de menores, abre un período «determinante» para las demandas que Canarias había formulado hace año y medio.
Y que son, básicamente, que el Estado ejerza sus funciones y sus obligaciones de coordinación del fenómeno migratorio y que colabore con el sistema nacional de atención a los menores extranjeros no acompañados, ha reiterado Clavijo.
«Si hubiésemos hecho esto hace un año y medio, y bien y correctamente como solicitábamos desde Canarias, estoy seguro que la situación de esos menores y de las islas sería totalmente distinta», ha enfatizado Fernando Clavijo. EFE
