Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido «humanidad» al resto de presidentes autonómicos y ha señalado que en un país de 49 millones de habitantes acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema.
Así se ha expresado Clavijo tras una reunión en Santa Cruz de Tenerife con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, el día que entra en vigor el decreto que fija las capacidades máximas de los sistemas de acogida autonómicos de menores y tras el anuncio de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de recurrir la medida.
«Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel -de los migrantes-. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo», ha declarado Fernando Clavijo.
Sobre esos recursos al decreto y si cree que tienen capacidad para ralentizar las derivaciones, el presidente canario ha expresado que no cree que sea así porque haría falta la emisión de medidas cautelares y tanto el Tribunal Supremo, en tres autos distintos respecto a menores migrantes, como el Constitucional han abogado por anteponer la protección de los menores.
«En su momento el Constitucional también habló de que la cuestión de los menores era competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España, que debe garantizar la solidaridad y proteger el interés superior del menor y su integración», ha continuado Fernando Clavijo.
El ritmo de salida de los menores
Respecto al ritmo de salida de los menores hacia otros centros de la península, ha dicho no entender el porqué de la lentitud y las salidas «a cuentagotas», si bien ha admitido que se podría hacer mejor por parte de todos.
Por ello, Fernando Clavijo ha anunciado un refuerzo de 26 trabajadores hasta final de año para poder ayudar a tramitar toda la documentación relacionada con la tutela de los niños y adolescentes no acompañados.
Asimismo, ha aseverado estar «convencido» de que si alguna comunidad autónoma se niega a acogerlos, la Fiscalía «va a intervenir de oficio», pues a lo largo del proceso esta institución «ha ayudado» a que el sentido común «impere».
Respecto a los plazos de los menores que deben ser derivados aunque no tengan protección internacional asignada, Clavijo ha explicado que, al estar sobrepasada la capacidad de Canarias, donde se triplica, a los menores que lleguen se les asignará automáticamente una comunidad autónoma de destino.