Coalición Canaria ha convertido al Ayuntamiento en un cortijo al servicio de unos pocos, frenando el progreso del municipio. El Grupo Municipal Socialista de San Miguel de Abona denuncia enérgicamente el bloqueo sistemático de Coalición Canaria a cualquier propuesta que busque ordenar, regular y mejorar la gestión pública del municipio. En la última sesión plenaria, Coalición Canaria volvió a retratarse al votar en contra de cuatro propuestas fundamentales para la ciudadanía de San Miguel, entre ellas:
1. La implantación de una Tasa por Estancias Turísticas, destinada a que quienes nos visitan también contribuyan al sostenimiento de nuestros servicios públicos.
2. La inversión de más de 12 millones de euros del remanente de Tesorería en proyectos concretos:
– Culminación de la piscina municipal del casco, que lleva 20 años en construcción (6 millones de euros).
– Ampliación del colegio de Aldea Blanca (900.000 euros).
– Obras en los barrancos de Aldea Blanca (4,2 millones de euros).
– Compra de suelo en Guargacho para estacionamientos (1,5 millones de euros).
3. La aprobación de una ordenanza reguladora del uso de los espacios públicos, con el fin de garantizar el acceso transparente y evitar asignaciones discrecionales y clientelares de instalaciones municipales culturales, deportivas y recreativas.
4. La creación de bases reguladoras para estructurar y garantizar el acceso justo y organizado a los campamentos infantiles y juveniles del municipio.
“Votar en contra de destinar el dinero de los ciudadanos de San Miguel en cuestiones tan básicas y necesarias demuestra una vez más la desfachatez y la negación constante de Coalición Canaria a cualquier forma de regulación. San Miguel no puede seguir siendo gestionado como una finca privada, como un cortijo, donde lo público se reparte entre afines y amigos. Esto no es gobernar, es amiguismo institucionalizado”, denunció José Carlos Rodríguez Rodríguez, portavoz del PSOE de San Miguel de Abona.
Las excusas de Coalición Canaria para rechazar estas propuestas no solo son inconsistentes, sino que insultan la inteligencia de nuestros vecinos. Argumentar que no se necesita una ordenanza para los campamentos porque “ya lo gestiona una empresa privada” es reconocer abiertamente la privatización encubierta de un servicio público, tal como se está haciendo con la policía y diversas áreas del ayuntamiento. «Negarse a regular el uso de espacios municipales bajo la justificación de una legislación superior es una cortina de humo para seguir gestionándolos a dedo”, señaló Rodríguez Rodríguez.
Rechazar la tasa turística alegando una supuesta falta de consenso con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) es simplemente absurdo, “especialmente cuando un municipio miembro de esa misma asociación ya la está aplicando”. Además, la propia AMTC, de la que San Miguel de Abona forma parte, ha defendido en el Parlamento de Canarias la necesidad de establecer un marco jurídico específico para los municipios turísticos, que contemple financiación adicional para los servicios públicos que también demandan quienes nos visitan. Servicios que, a día de hoy, los ayuntamientos asumen sin apoyo suficiente, ya que la financiación municipal se calcula únicamente en función de la población empadronada, y no de la población flotante”, explicó Rodríguez Rodríguez.